Manuel Marchena estará en el Tribunal que enjuicie en enero a los responsables del golpe en Cataluña. La Sala del 61 del Supremo, que recibe el nombre del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula sus características, ha cerrado la puerta a las pretensiones de los acusados. No aparta ni al presidente y futuro ponente de la sentencia ni a los otros seis encargados de la elaboración del fallo.
Ocho procesados habían planteado recusaciones y, en el caso de quien fuera líder de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, el escrito se dirigía contra los siete componentes de la Sala de Enjuiciamiento: además del propio Marchena, los conservadores Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo y Antonio Torres del Mora; y los de perfil progresista Andrés Martínez Arrieta, Luciano Varela y Ana Ferrer.
El contenido íntegro del auto se conocerá en los próximos días. La Sala del 61 se alineará con los argumentos de los aludidos en defensa de su imparcialidad.
Marchena explicó esta semana que carecía "de todo interés directo o indirecto" en el procedimiento. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart, Carmen Forcadell y Anna Simó cuestionaron su imparcialidad a raíz de la propuesta para presidente del Consejo General del Poder Judicial. Fue el candidato pactado por el PSOE y el PP para el más alto cargo de la judicatura, aunque renunció como muestra de desacuerdo con el método del ‘dedazo’ y en vista de que el descaro en las formas comprometía su imagen de autonomía.
El magistrado proclamó su independencia en un escrito de 5 folios: "La imparcialidad ha de vincularse a actos o resoluciones propios. No puede hacerse depender de la opinión de terceros que expresan su personal criterio acerca de las consecuencias políticas de un determinado pacto entre dos fuerzas parlamentarias".
Ha sido la séptima ocasión en que las defensas cuestionan la imparcialidad de los magistrados de la Sala Segunda. El juez Pablo Llarena ha sido recusado en 3 ocasiones. Los que integran la Sala de Enjuiciamiento en dos. Incluso los designados instructores de los respectivos incidentes de recusación: "Se trata, por tanto, de una estrategia defensiva que obliga a esta Sala una y otra vez a razonar su distanciamiento respecto del objeto del proceso".