Dolores Delgado ha acusado a VOX de ser el único partido "anticonstitucionalista". En un desayuno informativo, la ministra de Justicia ha defendido a sus socios de Gobierno –a la extrema izquierda y al separatismo–: a su juicio, todos "los que están en el arco parlamentario "aceptan" la Constitución y el "debate" y "enmarcan ahí sus programas". Al hilo de las elecciones andaluzas y la aparición de VOX, "ha irrumpido una formación que en su ideario rechaza parte de la Carta Magna y eso es lo que hay que valorar. Tenemos que plantearnos qué pasa con estos grupos, que antes incluso de iniciar su andadura política ya rechazan la Constitución".
La lectura de Delgado pasa porque en los comicios no ha ocurrido ninguna anomalía y las fuerzas más votadas han sido las "constitucionalistas y europeístas". Sobre la irrupción del partido de Santiago Abascal con 12 diputados, ha llamado al "análisis muchísimo más sosegado", aunque inmediatamente ha cargado duro contra ellos.
La ministra no ha ahondado en relación al último acuerdo del Tribunal Supremo, que revisará el procedimiento de exhumación de Francisco Franco: "La Memoria Histórica es una seña de identidad del Gobierno Pedro Sánchez. Las víctimas de la Guerra Civil siguen buscando Justicia. Es importante darles respuesta".
En un gesto más a favor del acercamiento a los separatistas, Delgado no opina sobre "la prisión preventiva de los políticos presos, porque respeto a los jueces. Del indulto no hablaré hasta que no haya sentencia firme". A colación de la huela de hambre de algunos de ellos, "ya está prevista en la doctrina del Tribunal Constitucional".
Preguntada por si se siente "cómoda" por el estar en un Gobierno "aupado" por los partidos vinculados con los CDR, la ministra se ha enrocado: "No me siento apoyada por las personas que están realizando actos de vandalismo. Esa pregunta no viene al cuento. Debemos estar con los funcionarios públicos que en Cataluña están cumpliendo con su trabajo y obligación".
Polémica en el Poder Judicial
Una de las negociadoras del último intento de renovación del Consejo General del Poder Judicial junto a su antecesor en el cargo Rafael Catalá (PP) ha reconocido "el fracaso del acuerdo, esencial para el buen funcionamiento del sistema". Pero no coincide con que sean los propios jueces y magistrados quienes elijan su Gobierno: "El CGPJ ejerce multitud de funciones que van más allá de los temas corporativos judiciales y que afectan a la sociedad en general. No basta con que sea elegido única y exclusivamente por los propios jueces, se requiere la legitimidad del Parlamento".
Una intervención que choca con las reivindicaciones que el Poder Judicial exhibió de forma masiva en la reciente huelga general: "Muchas de ellas están ya atendidas", ha dicho Delgado. "La Mesa de Retribuciones se constituyó después de 15 años y hemos abierto el diálogo con todos desde el minuto uno. Seguimos trabajando juntos".
"El debate sobre el papel de los jueces y la independencia de la Justicia debemos abordarlo como una cuestión de Estado, con sosiego y buscando consenso". "La Justicia es un bien público, fuera de los avatares de la política". "Su independencia es un derecho de la ciudadanía y una obligación de los poderes públicos. Nuestro objetivo es reducir la brecha de desafección entre la ciudadanía y la Justicia".
Preocupación de la fiscal general
María José Segarra ha reconocido en el mismo acto su "preocupación" por la huelga de hambre iniciada en prisión por cuatro de los acusados en la causa contra el golpe en Cataluña. Aunque la fiscal general del Estado ha asegurado que no modificará su criterio de cara al juicio que se celebrará próximamente en el Tribunal Supremo.
Se refiere a Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn. La responsable del Ministerio Público "entiende" la situación de estos procesados "desde el punto de vista personal" y que debía expresar su "preocupación" sobre esta iniciativa. Sin embargo, la acusación pública "va a seguir rigiéndose por los principios de legalidad y actuando conforme a derecho".