Los jueces piden medidas inmediatas para evitar la "desertización del Poder Judicial en Cataluña"

La presión, el hostigamiento y las acciones coordinadas que sufre el Poder Judicial en Cataluña desde el inicio del proceso separatista se refleja en los datos. Según la Asociación Profesional de la Magistratura –la más representativa de la carrera–, 48 jueces y magistrados han abandonado la Comunidad Autónoma desde septiembre de 2017. En contraposición, solo 19 han cubierto las vacantes: 16 en un concurso de carácter forzoso y solo 3 en el turno de traslado voluntario.

Son las cifras actualizadas por Pablo Baró, presidente del colectivo en Cataluña, en el informativo esNoticia de esRadio, con Juan Pablo Polvorinos. En la valoración, el portavoz de la APM explica que los números están "directamente vinculados con lo que está sucediendo en esta Comunidad Autónoma". A su juicio, "es evidente que el procés está influyendo en la toma de decisión de muchos compañeros".

Baró cree que "es necesario adoptar medidas para evitar esta fuga o desertización del Poder Judicial en Cataluña y es necesario adoptarlas ya". En la lectura general, "comparando los datos, se ha duplicado la marcha de jueces en 2018 respecto de 2017. Es cierto que tradicionalmente en Cataluña no existe un cuerpo de opositores a puestos del Estado, lo que motiva que muchos de los que venimos seamos de fuera. Pero el dato es que los jueces no son los únicos que se marchan, también los que están en categoría de magistrado y llevan mucho tiempo en Cataluña: 5, 10 e incluso 15 años y se están marchando de aquí, con una vida ya estabilizada".

Preguntado por la respuesta del Consejo General del Poder Judicial, celebra que el órgano de Gobierno apoyara "una medida que hemos promovido: el establecimiento de un complemento salarial por especiales circunstancias en Cataluña. Por lo tanto, sí están haciendo esa defensa de la estabilidad de los jueces en esta Comunidad".

Aunque no se conforman con esta acción: "El Estado tiene que defenderse ante estos ataques. Todas las instituciones y representantes políticos tienen que condenar este tipo de actos. El Estado no se lo puede permitir. Uno de mis mejores amigos que estaba destinado conmigo en Barcelona en los últimos meses se ha marchado y uno de los motivos era éste. Me decía que la situación le agotaba. No es plato de buen gusto defender las instituciones cuando nuestro trabajo es poner sentencias".