"Le han cortado la cabeza". Fuentes jurídicas se refieren a la destitución de Edmundo Bal como representante de la Abogacía del Estado en la causa contra el denominado proceso separatista. La máxima responsable de este cuerpo, Consuelo Castro, que depende directamente del Ministerio de Justicia, asumirá personalmente la dirección de la acusación forzada por el Gobierno de Pedro Sánchez hacia el delito de sedición.
Castro, extensión de Dolores Delgado, como Abogada General del Estado, explica la decisión por pérdida de confianza. Es el argumento oficial, aunque nadie duda en la institución que la sustitución persigue la garantía del cumplimiento de las directrices marcadas por el Ejecutivo. Bal siempre se pronunció a favor de una acusación por el tipo más grave, el de rebelión, incluso expresó su enorme malestar –compartido por muchos de sus compañeros– cuando por el principio jerárquico se obligó a la AdE a la presentación del informe por sedición, descartando el componente de violencia.
El Gobierno, en particular Delgado, se garantiza por medio de Castro que la Abogacía será firme en esta línea durante el juicio oral. Dudaban de Bal porque se negó a que su firma figurase en el informe de acusación. Además, este jurista había apoyado todos y cada uno de los movimientos de la Fiscalía sobre la prisión preventiva de los implicados por su actividad presuntamente violenta y armó un dictamen en respaldo de Pablo Llarena cuando el juez instructor necesitó cobertura por la Orden Europea de Detención que libró contra los fugados imputados por el delito de rebelión.
Bal había comunicado que no defendería en la vista oral ningún postulado con el que no comulgara, es decir, la sedición, lo que impedía su permanencia en la causa. Lo tenía claro después de que Consuelo Castro, nada más aterrizar al frente de la AdE, lo apartase junto con su compañero en el procedimiento. Aunque luego rectificó.
Fuentes de la Abogacía del Estado lamentan esta falta de connivencia, aunque, por otra parte, reconocen que el cuerpo de 400 Abogados del Estado representa los intereses de la Administración y obedece las órdenes del Ministerio de Justicia. Es el mismo motivo por el que Bal no presentó la acusación que había armado durante la fase de instrucción –fue él quien asistió a todos los interrogatorios y conocía más a fondo la causa del golpe en Cataluña– compartiendo los argumentos de la Fiscalía, que pidió hasta 20 años de cárcel por el delito rebelión para Oriol Junqueras.
La tensión ha provocado esta decisión radical por parte de Justicia, que se contradice después de afirmar que respetaría el criterio propio de Abogacía del Estado en esta causa. Dolores Delgado se vio forzada a interceder cuando Bal comunicó que no se limitaría a una acusación solo por malversación –habitual en la AdE, que se protege de forma habitual de las cuestiones relacionadas con las arcas púbicas y delega el resto en la Fiscalía– y manifestó su intención de acusar por rebelión.