Una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo, sindicatos de la Policía, asociaciones de la Guardia Civil o partidos políticos como PP, Ciudadanos y Vox se han unido este martes para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que acabe con las "concesiones" que se están realizando en materia penitenciaria con los asesinos y colaboradores de la banda terrorista ETA que están cumpliendo su pena en centros penitenciarios.
En un acto organizado en el Centro Cultural de los Ejércitos, ubicado en el centro de Madrid, han recordado que todavía hay 379 asesinatos de ETA pendientes de resolver y que los terroristas que todavía están en la cárcel y los que permanecen huidos saben quiénes cometieron esos crímenes, pero no quieren colaborar con la justicia. Por ello, han censurado que el actual Gobierno no esté haciendo nada para que no suceda.
"Nos sobrecoge la total ausencia de escrúpulos y la bajeza moral de un Gobierno de España al consentirlo. Un Gobierno cuya única prioridad es premiar penitenciariamente esa total ausencia de cooperación en el esclarecimiento de los asesinatos, porque han demostrado que no les importa lo más mínimo ninguna otra cosa que no sea apaciguar a sus socios terroristas y obtener sus votos en el Congreso para poder aferrarse un poco más a sus cargos y prebendas", han asegurado.
"Llegando incluso a humillar a nuestras Fuerzas de Seguridad, favoreciendo e impulsando la mal llamada 'ley de abusos policiales'. Una ley que pretende blanquear el terrorismo de ETA equiparando a asesinos con policías. No lo vamos a permitir. Las víctimas del terrorismo son los héroes de nuestra democracia, gracias a la labor incansable de nuestra Policía Nacional y Guardia Civil", han continuado.
Los convocantes han afirmado que, "por primera vez en nuestra historia, estamos ante un Ejecutivo que vela primero por los derechos de los asesinos antes que por los derechos de los asesinados" y exigen a Pedro Sánchez que "cese en sus perversiones políticas y vuelva a la senda de la legalidad", al tiempo que piden que se revoque cualquier tipo de beneficio penitenciario mientras haya crímenes pendientes de esclarecer.
El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha pedido a todos "no cegarse solo" con el acercamiento de los presos y ha alertado de que los beneficios penitenciarios también se pueden dar con el cambio de grado, ya que pasar del primer grado al segundo supone ganar casi una treintena de días fuera de prisión al año y la ley no exige ninguna condición objetivo para que un preso pueda pasar de un grado penitenciario a otro.
Precisamente, ha pedido a los tres partidos políticos presenten que se comprometan a cambiar el artículo 72.6 de la Ley Penitenciaria y el artículo 90.8 del Código Penal para dificultar el acceso de los terroristas al tercer grado, obligándoles a ayudar a esclarecer los asesinatos que todavía permanecen impunes.