Nuevo golpe al desgraciadamente célebre método del 3%. Por orden del juez José de la Mata, que instruye esta causa en la Audiencia Nacional, la Guardia Civil practica desde primera hora registros en empresas de distintas ciudades de Cataluña, pero también lugares como Vizcaya y Sevilla. Según la investigación, habrían participado del sistema mediante el cual las Administraciones Públicas presididas por el partido CDC –Convergencia Democrática de Cataluña, actual PDeCAT– amañaban contratos a favor de empresas a cambio de las convenientes mordidas en forma de comisión.
Los responsables de dichas sociedades se enfrentan a un delito de administración desleal, aunque no están previstas detenciones. La Operación Colisorium se centra en las adjudicaciones de la Generalidad y sus organismos dependientes. Al parecer, políticos y empresarios pactaban previamente las condiciones del pliego asegurando márgenes de beneficio superiores a los habituales para ambas partes.
Están inmersos el departamento de Infraestructuras de la Generalidad, la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca) y las mercantiles GPO Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA, Ayesa Ingeniería y Arquitectura SA, Dopec SL. Se ha librado un requerimiento de información a la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO).
Las diligencias practicadas hasta la fecha por la Fiscalía Anticorrupción salpican a varios altos cargos del Gobierno catalán de Artur Mas y de CDC durante su mandato. Según fuentes de la investigación, habrían participado en las múltiples reuniones con este ramillete de empresas el exconsejero de Justicia Germá Gordó y quien fuera tesorero de Convergencia Andreu Viloca, ambos imputados ya en el caso del 3%.
La raíz de esta vertiente se remonta a 2013, cuando el Juzgado nº1 de El Vendrell (Tarragona) abrió un procedimiento contra el entonces alcalde de Torredembarra, Daniel Massagué, de Convergencia, por supuestas irregularidades urbanísticas. Se investiga ahora, entre otros aspectos, cómo las donaciones opacas en concepto de comisiones que pagaban los empresarios mediante las fundaciones CatDem, Forum Barcelona y Nous Catalans habrían conformado una caja B del partido separatista.
El juez De la Mata acusa ya al PDeCAT como heredero directo de Convergencia. Habla de una supuesta organización criminal que habría manipulado las licitaciones entre 2008 y 2014 por importe de 175 millones de euros a cambio de un total de un millón de euros en aportaciones ilegales al partido, cifra aún provisional: "Esta operativa, lejos de corresponderse con una iniciativa autónoma de determinadas personas físicas en el ejercicio de sus cargos de responsabilidad en el partido, se correspondería con un sistema normalizado de financiación que se habría sostenido en el tiempo a pesar del relevo de las personas que lo integraban y a pesar de las advertencias de irregularidad de las que eran informados".