La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior vive días convulsos. Los trabajadores que desde hace tres años desempeñan sus funciones en este departamento están perdiendo sus puestos. Y no por falta de trabajo –hay más de 60.000 casos pendientes de resolución– ni porque el Gobierno piense que no son necesarias estas funciones –hay convocada una oposición con más de 200 plazas para ampliar la plantilla desde el pasado julio–.
La clave hay que buscarla en los equilibrios de la administración, luchas de poder, tensión entre funcionarios y personal contratado por obra y servicio… Según quien cuente la película, el héroe y el villano cambian, pero el desenlace final sigue siendo el mismo: lo que debería ser un organismo clave en la gestión de las fronteras, ayudas a los refugiados y control de la seguridad interior, se queda sin buena parte de su personal cualificado en un momento crítico.
Todo esto comenzó hace tres años. Hablamos del verano de 2015, en plena crisis de los refugiados en toda la Unión Europea. Las solicitudes de asilo se dispararon. Cientos de miles de personas alegaban que eran refugiados y merecían la protección de la UE. Y en muchos casos era cierto. La guerra de Siria había generado el mayor éxodo migratorio que se recuerda en las fronteras europeas desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
El problema es que no todos eran refugiados. Muchos, el porcentaje es imposible de determinar, eran simplemente lo que se conoce como inmigrantes económicos. Personas que querían entrar en Europa en busca de una oportunidad laboral o económica, llámemoslo como queramos. Y, junto a todos estos, también existía el problema de la seguridad: todos los implicados reconocen que el porcentaje de los inmigrantes que llegan a frontera que suponen un riesgo (delincuentes comunes, excombatientes…) es pequeño. Pero, cuidado, que sea bajo en términos relativos, respecto al total, no quiere decir que no haya que intentar controlarlo o que no puedan suponer una amenaza con una enorme capacidad de daño y de impacto en la opinión pública. Recordemos: hablamos del verano de 2015, un año en el que el terrorismo yihadista golpeó con fuerza en varios países de la UE. Un ejemplo de ello, España se comprometió ese año a recibir a miles de refugiados de los campos habitados en Grecia e Italia. Y entre los 300 primeros que fueron aceptados, se descartó al final a una decena de refugiados por sus vínculos con el yihadismo.
Al final, un Estado no deja de ser una organización política que se arroga el uso de la violencia dentro de un territorio determinado. El control de las fronteras es una pieza fundamental en esta definición y, en aquel momento, se entendió que había que reforzar los departamentos encargados del mismo, ya que la oficina había sido creada en 1992 y contaba con personal insuficiente para la nueva avalancha de solicitudes.
Al enorme flujo de personas se unía otro hecho que cambiaba lo vivido hasta el momento: muchos inmigrantes comenzaron a recurrir al asilo como opción por defecto para quedarse en la UE. No tanto porque esperasen recibir una calificación favorable como porque, mientras se sustancia su petición, ellos pueden permanecer en el país que hayan elegido y buscarse la vida. Y si el trámite tarda lo suficiente, aunque les denieguen la petición, cuando eso llegue quizás tengan un trabajo, puedan demostrar arraigo o, simplemente, ya no estén localizables para recibir la notificación.
La OAR
Ante esta situación, en el Ministerio del Interior decidieron convocar más de un centenar de nuevas plazas en la Oficina de Asilo y Refugio. La idea era utilizar los fondos que la UE estaba repartiendo entre los estados miembros para reforzar este departamento con trabajadores destinados a evaluar las peticiones de asilo. Incluso con este contingente, las cifras quedan a años luz de las que manejan otros países europeos: en España la OAR no llega a los 150 empleados, mientras que en Alemania el departamento equivalente tiene más de varios miles de personas encargadas de este tipo de solicitudes.
Los nombramientos se hicieron por tres años, una cifra clave, como veremos, en todo lo que tiene que ver con los puestos de trabajo no funcionariales dentro de la administración. Eso quiere decir que en estos días, aquellos nombramientos realizados a finales de 2015 están venciendo. Y la decisión de Interior ha sido no renovarlos. ¿Por qué? ¿Quizás porque ya se ha resuelto el problema? Al fin y al cabo, las noticias sobre refugiados, más allá del espectáculo político-mediático de la llegada del Aquarius, ocupan mucho menos espacio que hace tres años.
Pues no, la razón no es que la situación sobre el terreno sea mejor; de hecho, casi podría decirse lo contrario. Como decimos, los inmigrantes que alcanzan la frontera de la UE ya han aprendido que la mejor garantía para evitar la expulsión inmediata es solicitar asilo y buscarse la vida durante la tramitación del expediente. Eso ha provocado que se acumulen las reclamaciones y los procedimientos sin cerrar. Ahora mismo, España tiene más de 60.000 peticiones de asilo sin responder.
Las consecuencias son muy importantes: por un lado, porque el retraso en la respuesta garantiza que se salen con la suya aquellos que usan la petición de asilo como truco; pero, además, también provoca que los que de verdad deberían encontrar una respuesta positiva (porque sí merecen ese asilo según las reglas de la Convención de Ginebra y su vida corre peligro en caso contrario) no reciben un tratamiento acorde, por el desbordamiento de los departamentos responsables.
Quizás por eso, a finales de julio, el Gobierno convocó 323 plazas de nuevos funcionarios (ver BOE de 31 de julio de 2018): 231 para el Ministerio del Interior (reconocimiento de asilo) y 92 para el Ministerio de Trabajo (acogida a refugiados). La convocatoria se aprobó por Decreto-Ley y por vía de urgencia. Por ejemplo, esto decía el preámbulo con el que se justificaba este procedimiento: "El incremento de las migraciones hacia nuestro país, con un significativo aumento del número de personas llegadas de forma irregular a nuestras costas y a las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha hecho que se incremente exponencialmente la carga de trabajo en materia migratoria. Por otra parte, consecuentemente con lo anterior, en materia de reconocimiento del derecho de asilo, el incremento del número de refugiados estos últimos años ha provocado un gran volumen creciente de solicitudes de asilo y apátridas que hacen de urgente necesidad la mejora de la dotación de estos servicios para su normal funcionamiento".
Y aquí es donde se encuentra la contradicción que alegan los implicados. Por un lado, el Gobierno reconoce que la situación para estos departamentos es muy complicada y que es necesario un importante refuerzo. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha llegado a decir de ella que estaba en "una situación muy lamentable" y que está "absolutamente desactualizada".
Por otro, al cumplirse los tres años del contrato de aquellos trabajadores firmados en 2015, los expulsa de sus puestos y los sustituye por personal sin experiencia. El proceso de selección de 2015 estaba destinado a cubrir las plazas con personal especializado específicamente en temas de asilo, algo que ahora los implicados creen que no se está cumpliendo. Es fácil imaginar lo que puede ocurrir en una situación como ésta: simplemente la puesta al día de los recién llegados provocará, como no puede ser de otra manera, que se amontonen, todavía más, las peticiones sin respuesta.
"Disfunciones"
El propio Ministerio del Interior ha reconocido a Libertad Digital que es "inevitable" que se vayan a producir "disfunciones" durante un tiempo en esta oficina. Destacan eso sí, que los sustitutos de los trabajadores que ahora están acabando sus contratos están llegando ya a sus nuevos puestos de trabajo. Medio centenar lo hizo el pasado 6 de noviembre –en la actualidad están realizando un curso de formación–. Otros lo hicieron antes, otros llegarán después. Pero también hay divergencias sobre quiénes son estos nuevos trabajadores. Interior dice que son los nuevos funcionarios resultantes de la oposición convocada a finales de julio. Los trabajadores que abandonan sus puestos dicen que son personas que estaban en la bolsa de empleo de Interior y que los nuevos funcionarios no llegarán hasta dentro de dos años.
Marlaska ha preferido destacar en las últimas horas, a preguntas de los medios de comunicación sobre este hecho, que todo el proceso sólo tiene como objetivo potenciar a largo plazo la OAR, y que, además de las nuevas incorporaciones, se van a invertir más de dos millones de euros en un nuevo programa informático que va a acelerar los problemas burocráticos de la oficina.
La contradicción es evidente. Por un lado, se alega una urgente necesidad de cubrir plazas. Por el otro, se expulsa a los trabajadores con experiencia. ¿La razón? Que estos trabajadores no pasen más de tres años en la Administración. Y aquí entramos en el terreno de los derechos laborales, la pugna interinos-funcionarios, el papel de los sindicatos… Esos tres años son la frontera que los representantes de los trabajadores utilizan para intentar ganar en los tribunales la consolidación de plaza: es decir, cuando una persona pasa más de tres años en su puesto en una condición no funcionarial, los sindicatos acuden a la justicia a demostrar que esa plaza no puede ser considerada provisional, porque está claro que hay una necesidad permanente que cubrir. Y normalmente les dan la razón.
Por eso, desde Interior el temor es evidente: ahora que han convocado 320 nuevas plazas, no pueden permitirse añadir a esa nómina a los 79 empleados que quedan en la OAR (a los que habría que sumar unos 90 que desempeñaban funciones de ayuda al refugiado en el Ministerio de Trabajo y Migraciones). Otra opción habría sido convocar menos plazas y consolidar el puesto a los que ya ejercían su trabajo en estos departamentos, pero entonces se chocaba con los poderosos sindicatos de funcionarios, que no quieren, bajo ningún concepto, que aquellos que no han pasado por una oposición de las de toda la vida acaben teniendo una plaza que ellos sienten que tanto les costó obtener.
La discusión puede ser eterna. Todos los implicados –trabajadores, funcionarios y responsables políticos– tienen sus motivos para actuar como lo están haciendo. Pero el resultado final es que en las próximas semanas, la Oficina encargada de responder a las solicitudes de asilo en España se verá privada de su personal. Con 60.000 expedientes pendientes de tramitación. El Gobierno de la foto los refugiados del Aquarius no ha conseguido encontrar una solución a los trabajadores a los que encargó que dieran una respuesta, entre muchos otros, a los inmigrantes que viajaban a la deriva en aquel barco.