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Los datos del éxodo de jueces en Cataluña: 43 menos desde el 1-O

Tras el último episodio de acoso a Llarena y la petición de auxilio del CGPJ se esconde un dato: las plazas de juez en Cataluña no se cubren.

Ataque a la casa de Llarena con pintura | Twitter de Arran

Desde que arrancó el proceso separatista en septiembre del año pasado, 47 jueces se han ido de Cataluña. Así lo revela un informe de la Asociación Profesional de la Magistratura, que apunta que sólo cuatro jueces se han incorporado en ese periodo de tiempo a juzgados de la región. Los datos, confirmados por Pablo Baró Martín, presidente de la sección territorial de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura, En Casa de Herrero, son reveladores y la prueba del acoso que sufre el mundo judicial pese al empeño del Gobierno en minimizarlo.

"Estamos perdiendo jueces que llevaban aquí muchos años", se "está desestabilizando", ha denunciado Barón, que ha contado que a pesar de que han denunciado en numerosas ocasiones "este éxodo" y se lo han hecho llegar al Gobierno para que "adoptara medidas para evitar la fuga de jueces", no se les ha hecho caso.

El último episodio de la situación de persecución a que se está sometiendo a los jueces en Cataluña se ha vivido esta semana, con los excrementos esparcidos en varios juzgados de la región y con las pintadas en el domicilio en San Cugat de Pablo Llarena. El instructor del proceso lleva un año sufriendo amenazas y coacciones sin que el Ejecutivo haya hecho nada: acoso en redes, pintadas en otro domicilio e incluso un escrache a las puertas de un restaurante no han obtenido respuesta.

En un contundente comunicado, el Consejo General del Poder Judicial ha pedido "medidas de protección adecuadas de los Jueces y Magistrados que prestan servicio en Cataluña". También ha pedido a la Fiscalía y a Interior que actúen y adopten "todas las medidas para la persecución de las personas y grupos que han participado en esos hechos delictivos".

La respuesta del ministro y también magistrado Fernando Grande Marlaska ha sido tibia: ha minimizado los hechos, ha dicho que han funcionado los "protocolos" de seguridad y ha pedido "no generar alarmismo". Entre tanto, la sensación de desamparo se extiende entre jueces y fiscales, que denuncian cómo Cataluña se está convirtiendo en un destino a evitar y se están quedando solos.

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