El pacto entre el PSOE –consensuado con Podemos– y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial se reflejará próximamente en la composición de los principales órganos. El gobierno de los jueces y magistrados estará formado por una mayoría de vocales progresistas –11– frente a los nueve miembros de perfil más conservador. Según fuentes citadas por el diario La Razón, este CGPJ procederá a la renovación de casi dos tercios de los componentes del Tribunal Supremo.
Se trata de la mayor renovación del Alto Tribunal en los últimos años, porque coincide con la jubilación de 43 de sus 75 magistrados. El Consejo decidirá también –como ocurre en cada mandato– la sustitución de los presidentes de las cinco Salas por el vencimiento de los tiempos. Primero de lo Penal, actualmente en manos de Manuel Marchena, que asciende a la presidencia del propio CGPJ y de todo el Supremo.
Le seguirán en 2019 los presidentes de la Sala de lo Civil, ahora con el conservador Francisco Marín Castán al frente; en 2020 la Sala de lo Contencioso-Administrativo que preside Luis María Díez-Picazo –cuestionado por su gestión del debate sobre el impuesto de las hipotecas–, en 2021 la Sala Militar con Ángel Calderón de la APM al mando y en 2022, cerca del vencimiento del mandato del CGPJ, la renovación de la presidencia de la Sala de lo Social, actualmente en manos de Jesús Gullón.
Estas designaciones requieren únicamente una mayoría simple de votos, de forma que el ala progresista del CGPJ tendrá vía libre para el nombramiento discrecional de los mismos. De acuerdo con el artículo 342 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los presidentes de Sala del Trbunal Supremo se nombrarán por un período de cinco años, a propuesta del CGPJ, entre magistrados de dicho Tribunal que cuenten con tres años de servicios en la categoría. Pueden alargar el mandato de los presidentes vigentes o ‘colocar’ a otro magistrado. Ocurre así en cada renovación del Consejo.
Tal y como explica La Razón, el próximo CGPJ designará también a dos magistrados del Tribunal Constitucional. En este caso, «progresistas» y «conservadores» tendrán que alcanzar un acuerdo puesto que requieren mayoría cualificada de tres quintos.