Se trata de la colocación a dedo de trabajadores afines al PSOE durante 15 años sucesivos. Lo curioso es que la denuncia partió de Miguel Cobos, hermano de un concejal socialista de Antequera que fue maltratado por el PSOE local. Aunque el caso se archivó en 2016, la Audiencia Provincial de Málaga lo ha reabierto tras estimar el recurso de Cobos.
Cobos, informa ABC, denunció que en Antequera enchufar a amigos, familiares, simpatizantes del partido o afiliados del PSOE era una práctica habitual dentro del Consistorio desde 1995 a 2011, casi 16 años, hasta que el gobierno cambió y el PP entró a regir Antequera.
El mecanismo utilizado, habitual en la tela de araña andaluza a todos los niveles, era contratar temporalmente a los seleccionados. Estos contratos eran prorrogados sistemáticamente hasta que estos empleados podían optar a la condición de "indefinidos" dentro de la plantilla del Consistorio. De ese modo, el PSOE, además de formar gobierno, penetraba la plantilla municipal de forma que cualquier gobierno posterior tenía mucho más difícil gobernar.
Dado que otros casos muestran que el procedimiento utilizado, y otros diferentes, eran habitualmente utilizados, tal circunstancia explica por qué se ha mantenido el dominio socialista sobre la mayoría de los municipios andaluces, especialmente los medianos y pequeños, durante 40 años.
Según la denuncia, el número de colocados por este sistema en el ayuntamiento antequerano fue cercano a las 200 personas, a lo que habría que añadir los colocados en la empresa de aguas, Aguas del Torcal, caso que es casi idéntico al denunciado en Libertad Digital sobre la empresa de aguas de Huelva.
Aunque se había considerado que los contratos efectuados entre 1995 y 2004 no debían ser investigados a causa de la prescripción de los presuntos delitos, ahora, el Juzgado de Instrucción 1 de Antequera, busca nuevas evidencias sobre lo ocurrido en la etapa del anterior alcalde Ricardo Millán, del PSOE, al que se señala como responsable de alrededor de 50 contratos sospechosos.
Debe declarar además el actual alcalde de Antequera, el popular Manuel Barón, que estaba en la oposición en el momento de los hechos, aunque las irregularidades se acabaron cuando el PP llegó al gobierno municipal. El caso es que hubo un acuerdo del Pleno municipal que pidió el pase a "indefinidos" de los trabajadores temporales porque los tribunales daban la razón a los "colocados" que demandaron al Ayuntamiento.
Ese acuerdo fue aprobado en abril de 2011 y Barón fue investido alcalde en junio de ese año a pesar de lo cual fue incluido en la querella por Miguel Cobos, que, antes, le había pedido ser enchufado en el Ayuntamiento, según el actual alcalde.
Enchufismos municipales masivos del PSOE andaluz
Otro enchufismo municipal masivo salió a la luz cuando se investigó el caso Astapa, en Estepona, un caso que lleva más de diez años sin haberse cerrado la instrucción. Como en el caso Marbella, en los convenios urbanísticos se infravaloraban los terrenos que adjudicaba el Ayuntamiento a particulares o empresas, recibiendo por ello, por vías ocultas, parte de ese dinero como compensación por los favores.
De hecho, en el Ayuntamiento de Estepona, presidido por el socialista Antonio Barrientos, había tres cajas: la A, la B y una novedad, la C. Como es costumbre, la Caja A era la caja legal, la que se ajustaba a la normativa. Pero en las cajas B y C era donde se ingresaban los dineros oscuros. En la B se anotaban las "donaciones voluntarias" de los empresarios beneficiados y en la C, los pagos de gastos electorales al PSOE y regalos a los concejales, familiares y personajes relacionados.
Pero, en el transcurso de la investigación, se descubrió que en el Ayuntamiento y en el entramado de empresas municipales, se había contratado a numerosos familiares, amigos y compañeros de partido de los concejales.
El ex primer teniente de alcalde, el andalucista Rafael Montesinos, por ejemplo, colocó a su hija como técnico de alta dirección en la empresa pública Turismo y Actividades Recreativas. La hermana del entonces secretario general del Partido Andalucista, Julián Álvarez, luego colocado en una Fundación socialista, fue contratada en la empresa Promoción y Comunicación Estepona SL.
Sin embargo, la investigación policial aportó la prueba que mostraba cómo se había tejido ilegalmente una tela de araña por los dirigentes del PSOE en Estepona. En el caso Astapa, el sumario ofreció la evidencia de que 120 de los 315 afiliados del PSOE en la ciudad fueron colocados en el Ayuntamiento, a lo que había que sumar 40 familiares de personas afiliadas al PSOE.
En Huelva, el caso de la empresa de aguas, entonces denominada Giahsa, Gestión Integral de Aguas de Huelva, salió a la luz cuando Libertad Digital expuso con detalle en 2011 cómo PSOE e IU habían colocados a numerosos parientes y afines en la empresa, dependiente de la Diputación de Huelva, presidida antes y ahora por el PSOE onubense.
Entre 2003 y 2009, fueron contratadas 65 personas coincidiendo en el tiempo con la llegada a la dirección de la Mancomunidad de Eva Salazar Gadea, luego candidata del PSOE por la localidad de Escacena. Entre los contratados, había numerosas personas del PSOE e IU, además de familiares.
Unos ejemplos aclararán aún más la operación. En la localidad de Almonte, entre los 8 contratados, se encontraban Iván Martínez Iglesias, quefue candidato nº 6 en la lista electoral del PSOE Parlamento Andaluz 2004 (fue parlamentario andaluz); Juan Oliva Díaz fue suplente nº 2 de la lista electoral elecciones municipales 2003 por el PSOE, luego contratado como Policía Local en Almonte, bajo otro gobierno socialista y Manuel Torres Larios, hermano de Tomasa Torres Larios, candidata nº 10 de la lista electoral del PSOE en las elecciones Municipales 2003, y luego concejala.
Llamativo es el caso de la presencia de "colocados" por la localidad de Escacena. Entre los 18 contratados del pueblo, la mitad estaban ligados a PSOE e IU. Antonio Caro Licera fue colocado a instancias de Luna Romero Reinoso, cargo entonces en IU como consecuencia de los pactos con el PSOE. Actuaba como interventor en las mesas electorales. Antonio Fernández Sánchez, hijo del ex alcalde de Escacena y presidente de Honor del PSOE de Escacena, Antonio Fernández.
Además, fueron contratados, por ejemplo, Isabel Fernández Sánchez, hija del ex alcalde Antonio Fernández ya mencionado; José María Franco Vázquez, hijo de un Teniente de Alcalde de IU; Eva María Victoria García López, suplente nº 2 del PSOE en la lista de las elecciones Municipales de 2007 o Antonio Lepe Fernández, candidato nº 10 por el PSOE en Listas Electorales Municipales de Chucena. Y así sucesivamente hasta nueve colocados a dedo.
Expongamos un último caso, bien llamativo, en esta ocasión sucedido en la Diputación de Sevilla. Hasta el diario prosocialista El Correo de Andalucía tituló de este modo: "La Diputación infló la plantilla con 400 contratos en 2007".
Lo denunció el Grupo Popular el 25 de septiembre de 2008 con motivo del debate de aprobación de las cuentas anuales del organismo provincial. En aquel debate quedó claro que había habido una "escandalosa" e "inexplicable" incorporación de unos 400 nuevos trabajadores en el Ente provincial sin que hubiese mediado oferta de empleo público –la última databa de 1998, es decir, hacía más de diez años– y en una época de "crisis.
En las cuentas generales del ejercicio 2006 de la Diputación sevillana aparecían registrados un total de 2.316 empleados, mientras que ya en 2007 se contaban 2.713 trabajadores, casi 400 más, con una bajada en 51 efectivos de los funcionarios de carrera. ¿Cómo habían entrado, pues, estos empleados públicos de la Administración Local? Repárese en que no era personal eventual de libre designación o asesores, sino empleados de la plantilla estructural de la Diputación (de la Relación de Puestos de Trabajo, en términos técnicos).
Ya en 2013, Libertad Digital, informó de la situación de personal de la Diputación de Sevilla, que presidía entonces y preside hoy el amigo íntimo de Susana Díaz, Fernando Rodríguez Villalobos. De los más de 2.000 trabajadores con que cuenta la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE desde 1979, sólo 101, un 5%, eran funcionarios con puesto adquirido en oposición.
1.100 eran personal laboral y 122 cargos de confianza. Desde 1993 no había habido oposiciones y desde 1998 se habían sucedido arbitrarios procesos de selección para el personal. Esto es, la Diputación de Sevilla llevaba más de 15 años contratando sin control con ayuda de los sindicatos.
Por ello, un juez exigió en 2013 que la Diputación entregase a la oposición popular toda la documentación sobre el personal, algo que se oponía a revelar su presidente.