La fuerte división en el TS atasca el Pleno sobre el impuesto de las hipotecas

Todo abierto. Las 8 horas que empleó este lunes el Tribunal Supremo en la primera sesión del Pleno sobre el impuesto de las hipotecas certificaron la división entre los 28 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Dedicaron la mañana a la confirmación de que someterían a revisión la nueva doctrina fijada el 18 de octubre por la Sección Segunda –que obliga a los bancos y no a los clientes, como hasta ese momento, al pago del tributo– y de que el debate estaba regularmente convocado por el presidente de la propia Sala III, el cuestionado Luis María Díez-Picazo.

Fue en la sesión de tarde cuando afloró la segmentación entre los magistrados. Solo intervinieron 9 de los 28, en ponencias densas y de importante complejidad jurídica que se extendieron hasta los 30 minutos en algunos casos. Para mayor atasco, de ellos, cinco se pronunciaron a favor de la nueva doctrina y cuatro defendieron que siga siendo el cliente –la persona que recibe el préstamo– el que se haga cargo del impuesto derivado de la inscripción de la hipoteca ante notario.

El nuevo turno de exposiciones no ha desnivelado este martes la balanza. 23 de los 28 magistrados han intervenido ya y el reparto está casi perfectamente equilibrado. Se pronuncian esta tarde los cuatro magistrados más antiguos de la Sala III, además del presidente Luis María Díez-Picazo. Varios integrantes del Pleno han solicitado una segunda ronda de ponencias antes de la votación final. Fuentes del Tribunal creen que el debate, que se irá seguro hasta última hora, puede alargarse al miércoles.

Argumentos enfrentados

Abanderaron la decisión más favorable para los clientes los dos magistrados que se encargarán a priori de la ponencia de las sentencias, salvo que triunfe el postulado contrario. Nicolás Maurandi, presidente de la Sección Segunda, la que fijó la nueva doctrina, y José Navarro insistieron en que las entidades financieras son las únicas que se benefician de la inscripción de la hipoteca ante notario. Ambos explicaron que la documentación del acto jurídico sirve, por ejemplo, para que los bancos ejecuten la reclamación por impagos, mientras los prestatarios no adquieren ningún derecho. Además, apostaron por una retroactividad de cuatro años, el plazo de prescripción de los impuestos, extremo que el Pleno aún no ha abordado en profundidad.

Se inclinaron por la ratificación de la nueva doctrina otros tres magistrados: César Tolosa, Jesús Cudero (también de la Sección Segunda) y Fernando Román.

La defensa de la anterior doctrina contó con los argumentos de cuatro magistrados, entre ellos dos miembros de la Sección Segunda que provocó el giro por cuatro votos a uno. Aunó al que firmó el voto discrepante, Dimitry Berberoff, con su compañero Rafael Toledano y los miembros de la Sala Ángel Arozamena y José Luis Requero. Explicaron que la Ley del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados señala al "adquiriente" de la propiedad, el cliente en este caso, como sujeto obligado al pago, de forma que no ven espacio a más debate. Añadieron que no existen razones que fundamenten el cambio de una jurisprudencia tan consolidada en el Tribunal.

La importancia de la retroactividad

Las ponencias son pronunciamientos provisionales; la votación se celebrará al final de todas ellas y después, en función del resultado, el Tribunal entrará en el asunto de la retroactividad.

Se discute sobre el sujeto de pago del impuesto, que alcanza un importe de entre el 0.5 y el 1.5% del valor total de la hipoteca, en función de cada Comunidad Autónoma. Si se confirma la nueva doctrina que obliga a los bancos, la Sala analizará el periodo en el que los clientes estarían habilitados para la reclamación del mismo.

La agencia Moody's calcula que, si fueran los bancos y no las autonomías los que devolvieran lo pagado de más por los clientes, la factura se iría a 640 millones por cada año. Si la retroactividad se fijara en cuatro, serían 2.300 millones de euros; mientras que, aunque no parece probable, si se lleva a los 15 años de prescripción en el ámbito civil, la cifra superaría los 16.000 millones. De ahí que algunos bancos hayan cancelado provisionalmente la concesión de hipotecas; también por las graves perdidas de las últimas jornadas en la Bolsa surgidas de esta incertidumbre.

La sensación de que la imagen del Supremo está muy deteriorada y de que se juega mucho y el hecho de que corregir una decisión a favor del cliente dos semanas después de su implantación generaría aún más desconfianza en la institución, también están dilatando el tiempo de respuesta porque los magistrados quieren ser muy cuidadosos. Se estudian, en concreto, tres recursos similares donde las partes son la empresa municipal de vivienda de Rivas, el Estado y la Comunidad de Madrid.

El Pleno cuenta con la participación de 28 de los 31 magistrados que conforman la Sala III del Alto Tribunal. Tres se han ausentado por diferentes motivos: en el caso de Rafael Fernández Valverde, se encuentra en medio de un viaje programado con anterioridad; Segundo Menéndez es miembro de la Junta Electoral Central que este lunes se ocupa de asuntos relacionados con las elecciones autonómicas andaluzas; y Octavio Herrero se ha apartado porque vive en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, cuyo Ayuntamiento actúa como recurrente en uno de los recursos en cuestión que se abordan, además de que sus hijos disfrutan allí de una residencia de protección.