Dos expresidentes de la Junta y del PSOE a la espera de una sentencia histórica en el caso ERE

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía y expresidentes del PSOE a nivel nacional, a la cabeza de 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre exconsejeros, exviceconsejeros, directores generales y responsables de entes públicos, vieron y permitieron que empresas y terceros se beneficiaran de 680 millones de dinero público andaluz concedido al margen de todo procedimiento legal. Esa es la cifra final descontados 173 millones de los 853 millones inicialmente contemplados por el juez instructor de la causa, Álvaro Martín.

Esa fue ayer la posición final de la Fiscalía que dará paso a una histórica sentencia que no se espera sea dictada antes de 2019, pasadas ya las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, aunque en la víspera de las próximas elecciones municipales del 26 de mayo de 2019. Queda ahora la exposición de conclusiones finales del resto de acusaciones y defensas y la intervención, si así lo quieren, de los acusados. Por tanto, la semana que viene podría quedar el juicio visto para la sentencia.

Continuidad delictiva

El fiscal Manuel Fernández enumeró específicamente en la sesión de ayer los hechos que, según el ministerio público, son constitutivos de un delito continuado de prevaricación que afecta a los 21 acusados y de un delito continuado de malversación que afecta a 15 de ellos, entre los que destaca muy singularmente, José Antonio Griñán, que además de presidir la Junta y el PSOE, fue consejero de Hacienda de la Junta bajo la tutela de Manuel Chaves.

La Fiscalía no tiene duda alguna de que los acusados eran "autoridad" y que bajo su mandado se puso en marcha "un sistema injusto y arbitrario" de concesión de ayudas que sólo benefició a algunos andaluces, que no a todos.

Precisó además que el Parlamento andaluz no adoptó la decisión política de utilizar las transferencias de financiación como método de pago irregular de subvenciones excepcionales, sino que fue la Ley de Presupuestos elaborada por la Junta estableciera la concesión de ayudas "sin sujeción a un procedimiento, sin control, sin justificación de los fondos o justificación de los requisitos de los beneficiarios". En el juicio ha quedado acreditado que el Parlamento andaluz desconocía el sistema irregular usado por la Junta.

O sea, que los encausados buscaron deliberadamente un sistema específico "que permitiera el uso de los fondos sin control"… usando las transferencias de financiación en lugar de un expediente de gasto de subvenciones excepcionales contraviene el texto articulado de los presupuestos". Y lo hicieron a sabiendas de que era injusto, esto es, prevaricaron.

La injusticia fue de tal calibre que, de todos las empresas y trabajadores andaluces afectados por la crisis, sólo una pequeña cantidad, los que ellos mismos decidieron arbitrariamente o por razones extralegales, pudo acceder "a las ayudas o que los que lo hicieron recibieran cantidades por encima de lo habitual, dejando menos remanente para otros colectivos".

Esto es, su prevaricación fue activa, sabiendo lo injusto de su proceder, y pasiva, por no ponerle remedio a pesar de las advertencias. Continuidad delictiva, pues, durante diez años, de 2000 a 2009.

La malversación acreditada de caudales públicos

Se ha demostrado en el juicio que, no los peritos de la Intervención General del Estado sino la propia Junta, en el informe adicional de Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), correspondiente al ejercicio 2003 y puesto en conocimiento en 2005, concluyó que se estaban concediendo subvenciones prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Por si fuera poco, el informe aludía a la omisión de la fiscalización previa, los incumplimientos y el uso de fondos sin control ni justificación de uso ni revisión de los requisitos de quienes se beneficiaron, que permitieron "un enriquecimiento de empresas y de terceros".

Nadie desconocía el uso que se daba a los fondos por la Consejería de Empleo, aunque fuera a trabajadores en situación crítica. La Fiscalía afirmó ayer que "no existe duda de que el mecanismo usado permitió la movilización de fondos a IFA/IDEA para un uso alejado del interés público", algo conocido y buscado por los acusados de malversación.

La Fiscalía hizo hincapié en los acusados que recibieron aquel Informe adicional del IFA, que fueron Miguel Ángel Serrano Aguilar (director general de IDEA); Francisco Vallejo (consejero de Innovación); José Antonio Griñán (consejero de Hacienda), a través de su viceconsejera Carmen Martínez Aguayo; y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

La Fiscalía subrayó que, por ejemplo, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, declaró que para conceder las ayudas a empresas no se evaluaba la situación de la empresa, por lo que "se facilitaba adelgazar la plantilla sin coste para la misma". Tampoco se hizo nada cuando la Agencia Tributaria pidió información sobre las ayudas a empresas del exchofer de Guerrero, o cuándo se conoció que las ayudas las tramitaba personal externo".

Y añadió: "Sólo una vez empezada la causa penal se puso en marcha medidas por parte de la Junta para cambiar el sistema e iniciar procedimientos de reintegro". Esto es, sólo tras la puesta en marcha del caso ERE por la juez Alaya, la Junta decidió cambiar el procedimiento utilizado. Nunca antes.