Y lo hace, nada menos, que en la figura de su secretario general, Ignacio Caraballo, también presidente de la Diputación provincial y cuñadísimo de Mario Jiménez, el portavoz parlamentario del PSOE de Susana Díaz en la Cámara andaluza. Primero, porque sigue sin dimitir tras el soborno orquestado de Podemos en el municipio de Aljaraque, a pesar del código ético del PSOE. Segundo, porque se acaba de abrir otro sumario sobre ayudas falsas del PER a alcaldes socialistas de la provincia en época preelectoral firmadas precisamente pro Caraballo.
Ha sido ABC quien ha informado de que las ayudas del Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de la Diputación de Huelva, antes conocidas popularmente como las obras del PER, fueron destinadas a alcaldes socialistas. Es más, es que el dinero llegó a los Ayuntamientos en fechas preelectorales pero las obras nunca se hicieron. Y encima, aparecen facturas falsas.
Por eso, ha sido el juzgado de instrucción número 2 de Valverde del Camino, el que ha investigado los hechos y ha imputado ya a varios altos cargos políticos de la Diputación, a funcionarios y a los presuntos receptores de las ayudas. Por si fuera poco, se han detectado facturas falsas "coladas" por la propia Diputación gracias a unos contratados afines que debían fiscalizar esos dineros, uno de ellos, por ejemplo, el hijo del director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo Sánchez.
Denunciados por un técnico escandalizado por los hechos, se comenzó a investigar que la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Huelva (SPEE), el Servicio de Administración Local de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y la propia Diputación onubense, cuyo presidente y secretario general del PSOE en la provincia, Ignacio Caraballo, estaban implicadas en los hechos.
La Diputación de Huelva, que preside Caraballo, concedió ayudas a más de 70 municipios de Huelva, en su mayoría gobernadas por el PSOE desde Galaroza a Cumbres Mayores, o desde Cañaveral de León a Nerva, pasando por Arroyomolinos de León, Alosno, Beas, Calañas, Campofrío y Cartaya.
En la exhaustivamente documentada denuncia, se indica que la Diputación planeó un plan para que los técnicos contratados para el programa de Empleo Agrario realizaran trabajos técnicos para el Servicio Provincial de Empleo Estatal en sus dependencias, cuyos informes técnicos son imprescindibles para determinar autorizaciones, dice el diario de Vocento.
Además del hijo del ya mencionado Eduardo Sánchez, el grupo de personas contratadas para la fiscalización de obras que nunca se hicieron estaba compuesto de "afines" al PSOE, lo que muestra cómo ha sido la contratación irregular de la que ha hecho costumbre la Diputación de Huelva.
En la denuncia se detalla el modo de contratación de los "afines". Eran diez y se presentaban todos ellos en cada nueva convocatoria, siendo contratados a partir del día 1 de septiembre y finalizando rigurosamente sus trabajos el 30 de junio del siguiente año. De ahí pasaban al paro hasta el siguiente septiembre cuando eran contratados de nuevo. Gracias a ellos, se aprobaban los proyectos, aunque no fueran regulares.
Dicho con claridad, la Diputación daba la ayuda para obras que no se hacían porque los Ayuntamientos beneficiados usaban el dinero como les daba la gana sin que nadie detectara las falsedades e irregularidades porque los técnicos "afines" nunca detectaban nada.
Más de 70 municipios y un período de diez años son los que están siendo investigados. Las facturas irregulares pueden sumar más de medio millón de euros. Ya están imputados el director provincial de Empleo Estatal en Huelva; el diputado de Personal de la Diputación de Huelva, José Martín; el director de área de Infraestructura de la Diputación, Julio Sánchez; la jefa de Recursos Humanos, Silvia Pérez; y una técnico de selección de personal, además de 14 trabajadores contratados de forma supuestamente irregular, entre ellos, curiosamente, el propio denunciante, y alcaldes como el de Tharsis.
Los presuntos delitos que se les atribuyen son los de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y exacciones ilegales. Naturalmente, en el sumario aparece el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, imputado en el caso del soborno de Aljaraque, como firmante de las subvenciones y el diputado José Martín, como el contratante del grupo de "afines" que nunca vio irregularidad alguna.
Susana Díaz sigue sin exigir la dimisión de Ignacio Caraballo, imputado también en el soborno a dos concejales de Podemos.
Sabido es que el secretario provincial de Huelva y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, fue imputado en el caso Aljaraque por la compra de voluntades de dos concejales de Podemos. De la imputación se pasó a la fase de apertura de juicio oral. Según el código ético del PSOE es entonces cuando el imputado debe dimitir de sus cargos, pero hasta el momento no lo ha hecho. Caraballo, recuérdese, es pareja de la hermana del portavoz parlamentario del PSOE Andaluz, Mario Jiménez.
En su auto, la instructora María José Fernández Maqueda consideró "verosímil la investigación que de los hechos se hace a los investigados", en el auto en el que acuerda seguir el procedimiento por el tribunal del jurado, competente para juzgar los delitos de cohecho y tráfico de influencias, que son los que se atribuyen a los cinco investigados.
En el código ético del PSOE, que afecta a todos los militantes y cargos orgánicos y/o públicos del partido se dice:
12. Presentaré mi dimisión inmediata si, ejerciendo cargo público u orgánico, se me abre juicio oral por un procedimiento penal por delito grave. Asumo que de no hacerlo se me suspenderá cautelarmente de militancia y podría resultar expulsado.
13. Si ejerciendo cargo o responsabilidad pública se me imputa por resolución judicial, daré cuenta de las acusaciones ante la Comisión Ejecutiva Federal.
Hasta el momento y que se sepa, el secretario general del PSOE de Huelva, y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, no ha presentado su dimisión, ni Susana Díaz se lo ha exigido. Pero ahora, a un mes de las elecciones andaluzas, el PSOE de Huelva presenta un nuevo flanco de corrupción con Caraballo, de nuevo, a la cabeza.
Mientras PSOE y Podemos guardan un espeso silencio, el PP de Huelva ha pedido al PSOE que "salga de su escondite" y explique la verdad sobre el caso de la moción de Aljaraque (Huelva). El PP cree que estando "cerrada la fase de instrucción", que ha terminado con procedimiento de juicio contra dos ediles de Sí se puede, un sindicalista de CCOO, un responsable del gabinete jurídico de Aguas de Huelva, José Manuel Márquez Rivas, y contra el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo.