La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo recibe este viernes dos informes sobre los que se asentarán las eventuales condenas por el golpe en Cataluña. La Fiscalía ha incluido como eje del suyo el delito de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado –obligada por el criterio del Gobierno de Pedro Sánchez y en contra del criterio que había exhibido anteriormente– se inclinará por el tipo menos grave, el de sedición. La tercera acusación en discordia, la que ejerce VOX, retrasará la presentación de su escrito hasta el próximo lunes y ofrecerá una comparecencia en el Alto Tribunal.
Pese al evidente acercamiento del Ejecutivo a sus socios, Sánchez y sus ministros venden el viraje hacia la sedición concluyendo que para que exista rebelión tendría que haber uso de armas por parte de los separatistas. Sorprende este cambio, más aún porque la Abogacía del Estado había elaborado informes apoyando la instrucción de Pablo Llarena por los delitos de rebelión y malversación. Por ejemplo, cuando el juez emitió la Orden Europea de Detención contra el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros. Además, se había adherido hasta ahora a las posiciones de la Fiscalía en lo relativo a la prisión preventiva apreciando el requisito de violencia.
De hecho, junto con el resto de las acusaciones –la Fiscalía y el partido VOX–, presentó en agosto un escrito al Tribunal Supremo en el que interesaba la apertura de juicio oral precisamente por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Hasta que la titular de Justicia Dolores Delgado, que negó en primer término la defensa a Llarena en el exterior y después reculó, nombró a Consuelo Castro como nueva Abogada General del Estado, dependiente jerárquicamente del ministerio. Será ella quien firme el informe de acusación por sedición, lo que ha provocado el malestar de los integrantes del organismo que han trabajado en la causa.
Petición de penas
Este movimiento político de Moncloa repercute levemente a efectos de petición de pena. Se explica porque nuestro Código Penal impide una acusación simultánea por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Cuando un alzamiento con el componente de violencia –como el que aprecia la Fiscalía– está acompañado de desvío de dinero se aplica un delito de rebelión agravada, castigada con entre 25 y 30 años de prisión en el caso de los líderes, y de 15 a 25 para los subalternos.
Los delitos de sedición y malversación en la misma causa se aplican por separado. De esta forma, el alzamiento tumultuario no violento lleva aparejado entre 10 y 15 años de cárcel para cargos públicos y la malversación de 8 a 12 años si la cantidad distraída es superior a 250.000 euros. La suma máxima da 27 años cerca de los 30 de la rebelión agravada y la mínima alrededor de 15. Los acusados que devuelvan el dinero podrán acogerse a atenuantes que resten unos cinco años.
¿Quién se sentará en el banquillo?
Los magistrados Manuel Marchena, como presidente del tribunal que enjuiciará el caso, Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral abrieron juicio oral contra los no fugados. Son los procesados por rebelión y malversación: exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull; los responsables de la ANC y Ómnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y quien fuera presidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell.
En un segundo escalón, los procesados por desobediencia y malversación de fondos: los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila. Y, en el último, solo por desobediencia la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya y los que fueran miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.
Quienes no serán juzgados por el momento, a la espera de acontecimientos después de que la Justicia de varios países denegara la extradición, son el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont; los exconsejeros Toni Comín, Meritexell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig; la dirigente de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, que se encuentran huidos. La intención es que se les someta a otro juicio diferente cuando sean puestos a disposición de los tribunales españoles.
La Sala archiva definitivamente la causa en relación al expresidente Artur Mas, la dirigente del PDeCat Marta Pascal y la expresidenta de la AMI Neus Lloveras.