La Fiscalía Anticorrupción mantiene su acusación contra Chaves y Griñán en el caso de los ERE

Algunos consideran la de hoy la sesión más importante del juicio que se celebra en Sevilla por la repercusión que tendría, en plena precampaña electoral, la acusación definitiva de la Fiscalía. Pues acaba de conocerse que los fiscales anticorrupción, que actúan como acusación pública del caso, acaban de ratificar sus acusaciones sobre 21 de los 22 acusados del caso ERE que se enjuicia en la Audiencia Provincial de Sevilla.

La Fiscalía Anticorrupción, pues, en la lectura de sus conclusiones en el juicio por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha mantenido su acusación sobre los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero ha excluido, única novedad, al ex secretario general de Hacienda, Antonio Estepa, al que acusaba por un delito de prevaricación y que se enfrentaba a una petición de condena de diez años de inhabilitación. La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 10 años de inhabilitación para Manuel Chaves por prevaricación en el juicio de los ERE, y de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para su sucesor, José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación.

Había expectación por cuanto desde el comienzo del juicio se ha producido un cambio en la Fiscalía Jefe de Sevilla, que ha pasado de manos de María José Segarra, hoy Fiscal General del Estado, a las de Luis Fernández Arévalo, indiscutiblemente vinculado al PSOE de varias maneras, por su familia y por sus amistades, el ex consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, entre ellas.

Pero si este cambio en la Fiscalía es importante por estas vinculaciones, lo es aún más por el antecedente del fraude de la formación en Huelva. Para resumir, digamos que, tras haber impulsado la instrucción y los cargos contra los imputados en dicho caso, cuando el juez decidió cerrar a instrucción para pasar a la fase de juicio oral, la fiscalía jefe de Huelva, esto es, Luis Fernández Arévalo, dejó de acusar y el caso tuvo que ser archivado en medio de un escándalo judicial de alto voltaje.

En el juicio, los titulares de la acusación pública son los fiscales delegados de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad, pero hay tres superioridades jerárquicas. Uno, el fiscal jefe de Sevilla ya mencionado; otro, la fiscalía anticorrupción a nivel nacional y, por último, la fiscal general del Estado, procedente de Sevilla y asimismo "progresista" que o ha impulsado o ha consentido la acusación de los fiscales del caso.

Hoy, que han regresado los imputados a las sillas de acusados – que el banquillo ya no se usa -, después de un largo período en el que fueron eximidos por el tribunal de la asistencia obligatoria a las sesiones, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra ya han expuesto sus conclusiones, por boca del primero, con la acusaciones, delitos y penas precisadas. Y a pesar de la expectación, no ha habido cambios significativos, salvo el arriba mencionado.

Las peticiones de la Fiscalía antes del comienzo del juicio

En su escrito de acusación correspondiente al Procedimiento Abreviado nº 133/2016, Diligencias Previas : 6645/2015 (pieza separada de las DP 174/11), relativa al procedimiento específico usado en las ayudas sociolaborales a empresas y trabajadores conocido como "pieza política" del caso ERE, los fiscales relatan los hechos, a su juicio, comprobados. Si hubiera alguna modificación después del desfile de testigos, pruebas y peritos, es hoy cuando tiene que ser formulada y expuesta.

Lo mismo debe suceder con las acusaciones que, entonces, fueron las que siguen:

Por el delito continuado de prevaricación, acusó a 1. Manuel Chaves, expresidente de Andalucía; José Antonio Griñán, expresidente y exconsejero de Economía; Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia; José Antonio Viera, exconsejero de Empleo; Antonio Fernández, exviceconsejero y exconsejero de Empleo: Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo; Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo; Juan Márquez Contreras, ex director general de Trabajo; Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda; José Salgueiro Carmona, exviceconsejero y exconsejero de Hacienda; Carmen Martínez Aguayo, exviceconsejera y exconsejera de Hacienda; Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación; Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación; Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta; Miguel Ángel Serrano, ex director general de IFA-IDEA: Jacinto Cañete, ex director general de IFA-IDEA; Juan Francisco Sánchez, ex secretario general técnico de Empleo; Javier Aguado Hinojal, ex secretario general de Trabajo y Empleo; Lourdes Medina, ex secretaria general Técnico de Empleo; Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda (ahora excluido); Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos y Francisco del Río Muñoz, exjefe de Gabinete Jurídico de la Junta.

Las penas solicitadas fueron la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años.

Por el delito continuado de malversación acusó a José Antonio Griñán Martínez , Carmen Martínez Aguayo, Justo Mañas Alcón , Daniel Alberto Rivera Gómez , Manuel Gómez Martínez y Antonio Valverde Ramos, José Antonio Viera Chacón , Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Jesús Mª Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Juan Francisco Sánchez García , Javier Aguado Hinojal , Lourdes Medina Varo, Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jacinto Cañete Rolloso

Para ellos pidió una pena de prisión de 8 años, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años, pero para José Antonio Griñán Martínez , Carmen Martínez Aguayo, Justo Mañas Alcón , Daniel Alberto Rivera Gómez , Manuel Gómez Martínez y Antonio Valverde Ramos , redujo la petición de pena a 6 años de prisión con idéntica inhabilitación.

Además, los mencionados autores del delito de malversación responderían solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E, atendiendo al siguiente cuadro:

Año 2000: los encausados José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Javier Guerrero Benítez y Juan Francisco Sánchez García deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 6.977.751 euros.

Año 2001: los encausados José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Javier Guerrero Benítez y Juan Francisco Sánchez García deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 86.022.863 euros.

Año 2002: los encausados José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Javier Guerrero Benítez y Juan Francisco Sánchez García deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 66.538.654 euros.

Año 2003: los encausado José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Javier Guerrero Benítez y Juan Francisco Sánchez García deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 55.646.899 euros.

Año 2004: los encausados José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Francisco Sánchez García y Miguel Ángel Serrano Aguilar deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 42.472.719 euros.

Año 2005: los encausados Francisco Vallejo Serrano, Antonio Fernández García, Francisco Javier Guerrero Benítez, Agustín Barberá Salvador, José Antonio Griñán Martínez, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Gómez Martínez, Javier Aguado Hinojal, Jesús Mª Rodríguez Román, Juan Francisco Sánchez García y Miguel Ángel Serrano Aguilar deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 73.061.471 euros

Año 2006: los encausados Francisco Vallejo Serrano, Antonio Fernández García, Francisco Javier Guerrero Benítez, Agustín Barberá Salvador, José Antonio Griñán Martínez, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Gómez Martínez, Javier Aguado Hinojal, Jesús Mª Rodríguez Román; Juan Francisco Sánchez García y Miguel Ángel Serrano Aguilar deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 86.591.000 euros

Año 2007: los encausados Francisco Vallejo Serrano, Antonio Fernández García, Francisco Javier Guerrero Benítez, Agustín Barberá Salvador, José Antonio Griñán Martínez, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Gómez Martínez, Javier Aguado Hinojal, Jesús Mª Rodríguez Román, Juan Francisco Sánchez García y Miguel Ángel Serrano Aguilar deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 86.656.003 euros.

Año 2008: los encausados Francisco Vallejo Serrano, Antonio Fernández García, Agustín Barberá Salvador, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, José Antonio Griñán Martínez, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Gómez Martínez, Javier Aguado Hinojal, Jesús Mª Rodríguez Román, Juan Francisco Sánchez García, Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jacinto Cañete Rolloso deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de, 102.744.185 euros.

Año 2009: los encausados Antonio Fernández García, Agustín Barberá Salvador, Juan Márquez Contreras, Francisco Vallejo Serrano, José Antonio Griñán Martínez, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Gómez Martínez, Lourdes Medina Varo, Jesús Mª Rodríguez Román, Juan Francisco Sánchez García y Jacinto Cañete Rolloso deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 80.720.634 euros.

Año 2010: los encausados Antonio Fernández García, Agustín Barberá Salvador, Justo Mañas Alcón, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez, Lourdes Medina Varo, Manuel Gómez Martínez, Jesús Mª Rodríguez Román, Juan Francisco Sánchez García, Antonio Valverde Ramos, José Antonio Griñán Martínez y Carmen Martínez Aguayo deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 54.164.366 euros

Estas cantidades deberán ser minoradas según hayan sido recuperadas por la Junta de Andalucía, por el Tribunal de Cuentas y por la ejecución de sentencias condenatorias. Pero deberán ser incrementadas con los intereses correspondientes y también deberán pagar las costas del juicio, en caso de ser condenados, a partes iguales.

Tras la exposición de conclusiones de la fiscalía, lo harán las acusaciones particulares, PP y Manos Limpias, y finalmente, las defensas de los acusados.