No pasa un día sin que un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez reste importancia al golpe en Cataluña. El discurso alude últimamente al escrito de acusación que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentarán esta semana contra los procesados por rebelión, malversación y desobediencia. Esa inmersión en el terreno judicial, sumada a los contactos con políticos separatistas, entre ellos el líder de Esquerra preso Oriol Junqueras, en busca de apoyos para la aprobación de los Presupuestos se percibe en el Tribunal Supremo, según El Mundo, como hechos de "extraordinaria gravedad".
El diario cita fuentes de la Sala II, la de lo Penal, que identifican el problema: "Se está asimilando con normalidad un síntoma de destrucción del Estado de Derecho". Es que el Ejecutivo descalifica constantemente la acusación de rebelión en pos de otro delito menos contundente que descubrirá en el informe de la Abogacía. Palabras del presidente y de ministros como Carmen Calvo que "deberían haberse evitado".
A juicio de las fuentes citadas por El Mundo, la consecuencia es "una erosión en la credibilidad" de las resoluciones judiciales relativas al desafío separatista.
La embestida más directa corrió a cargo de Pedro Sánchez cuando, en el Pleno del Congreso, sostuvo que, según la tesis que Federico Trillo defendió en 1994, "el delito de rebelión es inherente a un golpe de Estado, que se tiene que dar por militares o por civiles armados a las órdenes de militares". Carmen Calvo añadió este jueves en Onda Cero que "un golpe de Estado requiere el uso de la fuerza". La vicepresidenta recordó que "en cualquier legislación, aquí y en Alemania, ya dio prueba el tribunal de Schleswig-Holstein. Este país tendrá que adecuar en su momento".
Las mismas fuentes califican de "insólito" el encuentro entre Pablo Iglesias, principal socio de Gobierno, y Oriol Junqueras para defender los Presupuestos pactados con Sánchez: "Con alguien que en unos días puede recibir una acusación del fiscal de 25 años". "El juez alemán dirá ahora 'qué razón tenía yo cuando decía que allí no había una rebelión, si hasta la clase política los está considerando interlocutores válidos’".
Analizan cómo están pasando de presiones implícitas a explícitas, que propician los juicios paralelos: "Deben respetar la separación de poderes y dejar trabajar a los jueces". Añaden que "no debe de haber nunca influencias en los tribunales, pero si las influencias vienen del Gobierno deben tomarse con mayor preocupación".
Aunque la esperanza no es demasiada puesto que el PSOE necesita al PDeCAT y a ERC para que no se desmorone el Gobierno. Los separatistas han celebrado que el presidente ponga en tela de juicio la acusación por rebelión en el momento crucial del procedimiento. Tampoco descartan la posibilidad del indulto.