Los "aprobados de despacho", la prueba del nueve del control socialista sobre la educación en Andalucía

No son nuevos, pero habitualmente navegan sobre aguas silenciosas y apenas nadie los detecta. Existir existen y lo demuestra el nuevo caso que ha estallado en Granada gracias a la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA). Su consecuencia ha sido que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Fe, en Granada, ha incoado diligencias previas para investigar un "aprobado de despacho" en Inglés.

En una nota de prensa, APIA daba a conocer que los hechos que se investigan, gracias a su denuncia, se remontan al primer trimestre del curso 2017-2018. En esa fecha presuntamente se modificó la nota de septiembre de una alumna que fue suspendida por su profesora y que luego aparecía como aprobada por orden del director del IES Montevives.

Tras la denuncia, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santa Fe (Granada) ha ordenado incoar diligencias previas de investigación penal y ha citado a declarar como investigados a buena parte de la plana mayor de la Delegación territorial de Granada, esto es, el Jefe del Servicio de Inspección, el inspector de referencia del IES Montevives de Las Gabias y el Secretario General Provincial; junto al director y a la secretaria del instituto, entre otros.

Los hechos, que "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", en palabras de la propia juez, se remontan a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, en el transcurso de los cuales podrían haberse cometido los presuntos delitos, todos ellos conexos, denunciados en su día por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), de prevaricación, falsedad en documento oficial e injurias.

Lo ocurrido es la conducta, presuntamente prevaricadora, de unos profesionales de educación vinculados a la Junta, de una u otra manera, que alteraron la calificación de la prueba extraordinaria de septiembre de una alumna del IES Montevives, de Las Gabias, que fue suspendida por su profesora y aprobada posteriormente, según todos los indicios, por orden del director del instituto que contó con la colaboración de la secretaria del centro.

Ni siquiera los padres habían enviado una solicitud de revisión de la calificación ni existía resolución alguna del departamento didáctico en que pudiera fundamentarse, a cambiar la nota en el acta oficial de evaluación.

La profesora burlada y humillada protestó ante el Jefe del Servicio de Inspección de Granada y este se limitó a dar por bueno un presunto informe del inspector de referencia en el que afirmaba haberse actuado correctamente en todo momento (a pesar de no existir documentación acreditativa de reclamación alguna presentada por los padres, ni dictamen del departamento didáctico pronunciándose por la modificación de la nota). En un alarde añadido de retorcimiento, el Secretario General Provincial (debemos suponer que en nombre del delegado territorial).

Es más, inadmitió el escrito de denuncia de la profesora falseando su contenido. De hecho, lo hizo pasar, con engaño y falsedad, por una solicitud de reclamación del aprobado, otorgado, a decir del inspector de referencia, con todas las de la ley.

La falsificación fue más lejos porque "en diciembre del mismo año el director del instituto, a requerimiento de la profesora vilipendiada, habría fabricado ad hoc, muy probablemente con el conocimiento y aprobación de la Delegación territorial, una serie de documentos espurios de contenido inveraz a fin de intentar justificarse, aprovechando la ocasión para que dos profesores del departamento y los propios padres de la alumna (todos ellos INVESTIGADOS) vertieran, en los documentos reseñados, una sarta de INJURIAS y CALUMNIAS contra la profesora con el único objetivo de vejarla y dañar gravemente su reputación personal y profesional", dice la nota de APIA.

Otros casos de aprobados de despacho en Andalucía

El diario ABC hizo un resumen hace un año de algunos de los acontecimientos calificados habitualmente como "aprobados de despacho". En 2017, citaba el caso de una alumna de segundo de Bachillerato del IES Federico Mayor Zaragoza que pudo presentarse a Selectividad tras lograr que la Delegación de Educación de Sevilla corrigiera el criterio del profesor del centro y le subiera tres puntos en la nota de su examen final de Geografía.

Es escandaloso porque el profesor advirtió en las respuestas de la alumna en el examen "errores gordos" y cosas "desastrosas", "falsas" y "absurdas", lo que no impidió que la Delegación, desautorizando el criterio docente, modificara la nota.

Otro de los casos denunciados con anterioridad ocurrió en en el instituto Los Álamos de Bormujos, donde una alumna con cinco suspensos en cuarto de ESO logró que la Delegación de Educación le aprobara las cinco asignaturas, en contra del criterio unánime del claustro de profesores.

Otra chica del colegio Aljarafe que no había pasado del 2 en sus exámenes de Filosofía, Latín e Inglés de segundo de Bachillerato, logró exactamente lo mismo. Los directivos docentes del colegio atribuyeron estas actuaciones al «deseo político de la Junta de "maquillar las cifras del fracaso escolar, llevado al límite del absurdo, pues se agarran a supuestos defectos de forma para aprobar incluso exámenes de apenas dos líneas".

Alicia Muñiz, profesora y directora de Instituto jubilada, dijo a ABC que "uno de los grandes problemas del sistema educativo andaluz es la injerencia de la Administración". Y explicaba que "los profesores le llamamos 'aprobado de despacho'". Los padres tienen derecho a reclamar una revisión de la calificación, pero lo que no está bien es que la Delegación de Educación, sin tener en cuenta los exámenes del alumno ni su trabajo a lo largo del curso, busque defectos burocráticos para justificar una corrección de sus notas. No debería ser una cuestión de papeles, sino de si el niño sabe o no sabe".

Es más, denunciaba que "se ha aprobado a alumnos que han dejado los exámenes en blanco o que ni siquiera se presentaron, porque no sé qué papel faltaba en el plan de centro o en la comisión tal".

La Inspección Educativa de la Junta, clave del poder del régimen

En el libro La Tela de Araña andaluza. El poder de un régimen,se diseccionaba lo ocurrido en la educación andaluza desde 1982, fecha del comienzo del gobierno socialista en España y en Andalucía, donde se aplicó un protocolo parecido de actuación:

"Desde el principio, el PSOE andaluz hizo pivotar su estrategia educativa en tres columnas:
a) la arbitrariedad contractual de personal para promover a los afines a los cargos y puestos,
b) el adoctrinamiento como elemento sustituyente del adoctrinamiento del régimen franquista y
c) lo que llama algún experto en la trayectoria socialista en educación "la entropía social": la tendencia a igualar a la baja los diferenciales intelectuales y éticos de los individuos, táctica imponente que sirvió para ganar votos entre los enseñantes menos cualificados, pero más numerosos."

Uno de los elementos claves de esta estrategia fue la Inspección educativa. El libertario de la CGT, Rafael Fenoy Rico, en su tesis Historia de la Inspección de Educación, relataba hace años cómo se hizo. Para resumir, describió que "desde 1982 se nombran inspectores extraordinarios en provincias andaluzas ya que las últimas oposiciones a Inspección se convocaron en 1979 y las vacantes que se iban produciendo en las plantillas provinciales dificultaban la prestación de los servicios. El PSOE tenía definido un modelo de inspección y no estaba por realizar convocatorias de oposiciones, sobre todo cuando se preparaba un cambio en el modelo de inspección".

Su consecuencia fue que, en 1994, tras la ocupación inmisericorde de la inspección educativa por parte del PSOE y sus afines, se hizo una leve una autocrítica y se volvía a contemplar el concurso oposición y una inspección más profesional. Pero aún no está resuelta la cuestión de una inspección profesional y no politizada.

Hasta tal punto sigue vigente el modelo que la Asociación de Inspectores de Educación ADIDE-Andalucía rebatía las denuncias de APIA sobre los aprobados de despacho hace año y medio, a principios de 2017. En su nota, los inspectores de la Junta exigieron a la Consejería de Educación que desmintiera la existencia de los "aprobados de despacho".

Pero la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía respondió que "una vez más, y ante el cuestionamiento de las afirmaciones de APIA sobre la presión que la Inspección educativa ejerce en los claustros, invitamos a los representantes de ADIDE a un debate público sobre si ello es cierto o no y puedan ofrecer esa necesaria "opinión contrastada" a la que aluden. El debate, que sepamos, nunca se celebró.

Y añadía que "los problemas del sistema educativo andaluz son de una amplitud que su Inspección no puede ignorar", aludiendo a los centenares de reclamaciones anuales sobre el tema.