Se habla de "tensión", de "enfado", incluso de "lío" en el seno del Tribunal Supremo a tenor del cambio de jurisprudencia sobre el impuesto de las hipotecas. La cuestión relevante no es la modificación en sí, sino cómo se ha producido y las reacciones.
El Alto Tribunal está dividido en cinco Salas que enjuician los casos en función de la rama del Derecho a la que afectan: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar. Por una cuestión organizativa y de reparto de tareas, los magistrados que componen cada sala se reparten a su vez en secciones. Son esas secciones las que conocen de las causas y elaboran normalmente las sentencias.
El cambio de titular en el pago del impuesto de las hipotecas ha traído una situación extraordinaria en los tribunales españoles. La sentencia por la que, salvo que haya una corrección, serán los bancos y no los clientes los que abonen el tributo fijado en la Ley de Actos Jurídicos Documentados fue elaborada por los seis magistrados que componen la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Uno de ellos, Dimitry Berberoff, emitió un voto particular que apostaba por el criterio anterior.
La incertidumbre sobre la retroactividad de esta sentencia, que podría afectar a casi ocho millones de personas que firmaron hipotecas en los últimos cuatro años –el plazo de prescripción del pago del impuesto–, con un coste que plataformas cifran en 4.000 millones de euros, provocó importantes caídas en Bolsa de las entidades financieras. El riesgo de la factura hizo que Bankia, BBVA, Sabadell, Santander y Bankinter se dejaran cerca de 5.000 millones de euros en capitalización bursátil.
Ocurrió el jueves 18 de octubre y solo 24 horas después surgió la reacción del Alto Tribunal que algunos han interpretado como un repliegue a favor de los bancos. El presidente de la Sala III, la de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo difundió por su cuenta y riesgo una nota informativa por la que sometía la sentencia de los seis miembros de su Sección Segunda al criterio de los 31 magistrados que conforman el Pleno de la Sala. Revisarían entre todos, también los integrantes de la Sección Segunda que se volverán a pronunciar, "si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado" ante "la enorme repercusión económica y social".
Fuentes del Supremo sostienen que esa justificación se dio "de cara a la galería". Díez-Picazo filtró a los medios de comunicación su enfado con los miembros de la Sección Segunda porque, según el presidente de la Sala, resolvieron un tema de tal magnitud sin informarle. Sin embargo, los seis magistrados firmantes del fallo han demostrado que sí notificaron cada uno de los pasos y de las dificultades del caso al presidente, además del encargo de un dictamen al gabinete técnico. De hecho, este último firmó en enero la admisión a trámite del recurso. Más allá de la inseguridad jurídica –algunos bancos han paralizado la concesión de hipotecas–, la nota de Díez-Picazo ha abierto una brecha entre él y seis magistrados de su Sala III.
La situación es de enfrentamiento entre Díez-Picazo y la mayoría de los miembros de la Sección Segunda, presidida por Nicolás Maurandi, a quien acusó de deslealtad. Ellos reprochan a Díez-Picazo que difundiera la nota sin previo aviso, poniendo en duda su capacidad para orientar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y filtrando de malas formas un sentimiento que, a su juicio, no tiene justificación.
Tensión en el encuentro
Han saltado chispas en el encuentro que, aún así, ha finalizado con un acuerdo más o menos pacífico gracias a la intermediación de Carlos Lesmes. El presidente del TS ha difundido otra nota cuya principal convención es la siguiente: que Díez-Picazo usó legítimamente sus atribuciones para convocar el Pleno de la Sala –añadiendo la fecha, el 5 de noviembre–, pero que la Sección Segunda ha decidido su criterio "con plena lealtad, independencia y profesionalidad", de acuerdo con la suyas.
La táctica del todos tenéis razón ha cerrado una reunión alterada. Ha comenzando con un Maurandi molesto lanzando duras críticas al presidente de la Sala por filtrar que difundieron la sentencia a sus espaldas, una mentira. Lesmes no ha permitido el intercambio de reproches. Maurandi entiende que se ha puesto en duda su lealtad y ha censurado a Díez Picazo sus malas formas, explicando que el presidente de la Sala III le gritó y le echó de su despacho. Un extremo aclarado también en la nota de Lesmes: "Los magistrados integrados en la Sección Segunda y el presidente de dicha sección han actuado en todo momento con plena lealtad al Alto Tribunal".
El comunicado añade que la sentencia de la Sección "es firme y no susceptible de revisión" por el Pleno de la Sala. Es decir, que ostenta "plenos efectos" en lo referido a la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados a la Empresa Pública de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, la recurrente en ese proceso, y otras sentencias con los mismos litigantes y el mismo objeto pendientes de notificación.
Díez-Picazo no ha contestado a los reproches. Solo ha subrayado que su intención es la unificación del criterio por el Pleno. Jueces y Juezas para la Democracia ha pedido su dimisión por la "nefasta gestión", mientras que la asociación Francisco de Vitoria cuestiona su manera de proceder, que "crea confusión y no contribuye a la imagen de independencia del Poder Judicial".