El presidente del Gobierno primero y su ministra de Política Territorial después fueron los que se iniciaron en la preparación del terreno hace una semana y este viernes el Consejo de Ministros lo ha dejado claro: el Gobierno abre la puerta a dar marcha atrás en la presentación de su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reprobación del rey Felipe VI aprobada por el parlament de Cataluña.
Una resolución ante la que el Consejo de Ministros de este viernes ha acordado "la petición de dictamen, con carácter de urgencia, de impugnación de la resolución del parlament del pasado jueves en lo que afectan al Rey. El Consejo de Ministros rechaza absolutamente que la figura del Rey esté cuestionada en los debates polÍticos. El cuestionamiento del Rey queda fuera de las funciones atribuídas a un parlamento autonómico".
Pero hay matices. La posición política meridianamente clara del Gobierno queda supeditada, por vez primera por parte de un Ejecutivo, a lo que diga en su informe el Consejo de Estado con carácter "no vinculante". Informe que se dará a conocer, según fuentes de Moncloa, el próximo viernes habida cuenta que el Consejo ha solicitado la vía de urgencia que habitualmente se resuelve en una semana.
Preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá fue preguntada qué pasaría si el Consejo de Estado dice que no y pide no elevar recurso de impugnación ante el TC. La portavoz sólo acertó a decir que "si el Consejo de Estado actúa de otra manera será responsablilidad del Consejo de Estado" porque su informe "es preceptivo, que no vinculante" y el Gobierno tiene una "voluntad política"
Sin embargo, evitó responder a la cuestión de qué hará el Gobierno si el Consejo de Estado se pronuncia de forma contraria, si el Ejecutivo seguiría adelante o no con el recurso. Preguntada nuevamente por la misma cuestión, introdujo un nuevo matiz: "En función de si el contenido del dictamen es vinculante o no podremos emitir un informe".
Vinculante, no jurídico pero sí político. Esto es: que la decisión está en el aire, no está tomada y que el Gobierno de Pedro Sánchez supedita su posición política al informe no vinculante del Consejo de Estado para decidir si recurre o no una resolución aprobada por el parlamento de Cataluña, con el apoyo de ERC y PDeCAT, formaciones con las que en estos momentos negocia sus Prespuestos Generales del Estado. La respuesta, en una semana la emitirá el organismo consultivo que preside la ex vicepresidenta socialista, María Teresa Fernández de la Vega.