Pocas horas antes del anuncio, por fin, de la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas por parte de la presidenta Susana Díaz, se hicieron públicos unos datos escandalosos sobre el uso del dinero público de la Fundación para el Fondo de Formación y el Empleo (FAFFE): en ocho tarjetas bancarias de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo de la Junta de Andalucía se cargaron 31.969 euros en "doce juergas" en varios clubs de alterne de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Y 306 euros más, cuando menos, pagados en efectivo, en otro prostíbulo.
Naturalmente, la convocatoria electoral tiene efectos políticos inmediatos. Uno de ellos, el cierre de la Comisión de Investigación que fue aprobada por el Parlamento andaluz precisamente sobre esta Fundación y sus escándalos. Junto al caso de los ERE, sobre todo la probabilidad de que se dictara sentencia tras el juicio que se sigue en Sevilla contra lo más granado en su día del PSOE andaluz y de la Junta, es el principal obstáculo eliminado de un plumazo por Susana Díaz.
El PP andaluz aprovechó el día de ayer para, horas antes del anuncio de Díaz, dar a conocer un atestado de la Guardia Civil en el que se había averiguado que no eran sólo dos tarjetas, conocidas habitualmente como sex-black por el uso de parte de su dinero, sino ocho y que tres de ellas se emplearon en pagar 43 gastos en 12 fechas, "juergas" según Juan Manuel Moreno, presidente del partido, en diferentes prostíbulos andaluces entre 2004 y 2009. Los presidentes de la Junta entonces fueron Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Según Europa Press, las ocho tarjetas "estaban asociadas a tres cuentas corrientes con un saldo de 828 millones, y habrían gastado unos 80.000 euros de dinero público". Además de los 31.969 euros en clubs de alterne, otros 19.000 habrían sido gastos en peajes, unos 22.000 en restaurantes, 1.800 en hoteles y otros 4.300 en gastos sin justificar. Todos estos gastos se intentaron maquillar para ocultar los hechos.
El que fue director de la FAFFE, Fernando Villén, dispuso de seis de ellas y su hermano, Manuel Villén, de las otras dos. Recuérdese que ya se publicó en Libertad Digital el hilo de la tela de araña tejida por ellos en la Fundación, verdadera factoría de colocaciones de amigos, familiares, afiliados y militantes del PSOE y de fastos injustificables.
Fueron tres de las seis tarjetas black de Fernando Villén en las que se cargaron 72.489 euros, casi la mitad de ellos, 31.969 euros, en los clubs de alterne. Entre ellos, destacó en su día el presunto pago de 14.737 euros en el Don Ángelo. Precisamente fue este uso del dinero público andaluz el que motivó la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento que ahora cierra la convocatoria electoral, según el reglamento parlamentario. Queda por averiguar el uso de otros 23.000 euros.
Por si fuera poco, la colaboración de la Junta con la Guardia Civil ha sido prácticamente nula en este asunto. De hecho, sigue sin aportar al juzgado que instruye el caso los libros de entradas y salidas de las cajas fuertes de la FAFFE para que pueda conocerse si ha habido más gastos en efectivo en prostíbulos además del ya revelado de 306 euros.
La convocatoria electoral cierra, con todas las de la Ley, la recién inaugurada Comisión del Parlamento andaluz sobre el funcionamiento de la FAFFE puesta en marcha el pasado mes de septiembre y que, además, sorprendentemente, estaba presidida por el propio PSOE gracias a la pelea de los partidos de la oposición.
La comisión de investigación sobre la corrupción evidente en la FAFFE es un tipo de comisiones no permanentes que se extinguen bien por haber terminado sus trabajos "y, en todo caso, al concluir la legislatura", que es lo que ocurrió ayer.
Con esta extinción, Susana Díaz y el PSOE andaluz se han liberado de la reiteración sistemática de un rosario de escándalos grandes y pequeños que, a lo largo de años, han ido apareciendo en los medios de comunicación y que pueden consultarse, en su gran mayoría, en la hemeroteca de Libertad Digital.
Igualmente, la anticipación de las elecciones deja fuera de la campaña electoral la sentencia del juicio de los ERE que se sigue en Sevilla contra los expresidentes de la Junta y del PSOE a nivel nacional, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y 20 ex altos cargos de la Junta, exconsejeros, exviceconsejeros y ex directores generales.
La marcha del juicio, actualmente en fase pericial, no parece muy favorable para estos procesados porque nadie, ni siquiera los peritos de las defensas, están siendo capaces de explicar cómo pudieron darse ayudas sociolaborales sin control ni fiscalización por importe, según la Fiscalía, de 850 millones de euros y va resultando evidente la responsabilidad política, administrativa, y se verá si penal, de todos estos ex alto cargos.