El juicio de los ERE, que se sigue en la Audiencia de Sevilla, contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos dos expresidentes y numerosos consejeros y viceconsejeros, está en fase pericial y los tecnicismos oscurecen el fondo de la cuestión. Pero, paralelamente, los testigos de otras piezas separadas de los ERE que instruye la juez Núñez Bolaños arrojan una potente luz sobre cómo sucedieron los hechos en realidad.
De hecho, uno de los testigos, el presidente del Comité de Empresa de Primayor (antes Cárnicas Molina o Hijos de Andrés Molina, S.A o HAMSA), Manuel José López Braceros, confesó la secuencia siguiente el pasado jueves ante la juez Bolaños: cuando la crisis de la empresa era evidente en 2005 tras haber dado comienzo en 1999, se reunieron con Gaspar Zarrías. Luego apareció el conseguidor Juan Lanzas y se puso en marcha la Consejería de Empleo. Después, entró en liza el despacho Estudios Jurídicos Villasís llamado por Juan Lanzas y a partir de ahí, prejubilaciones, pólizas con aseguradoras, sobrecomisiones e intrusos.
El caso Primayor, el primero de la serie de los ERE, está de actualidad porque una serie de testigos que han desfilado ante la juez Núñez Bolaños, que lo instruye como pieza que ella misma separó del tronco único erigido por la juez Alaya, están desvelando cómo ocurrió en realidad el caso ERE y cuáles fueron los procedimientos empleados, incluso cómo la Intervención de la Junta puso reparos a lo que se hacía.
El pasado jueves, ante la juez Bolaños y en la pieza separada por el ERE a la cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y a Primayor (que compró posteriormente la empresa) declaró como investigado el que fuera en el momento de los hechos, 2005, presidente del comité de empresa de Primayor, Manuel José López Braceros.
Lo primero que reconoció Braceros fue que en efecto se reunieron con Gaspar Zarrías para pedir ayuda en las prejubilaciones, lo que fue admitido por el propio Zarrías en la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz sobre el caso ERE.
Testificó a continuación que después intervino el "conseguidor" de los ERE, el ex ugetista Juan Lanzas, que estuvo presente en todas las reuniones con la Junta, desde la delegación de la Consejería de Trabajo en Jaén hasta las reuniones de Sevilla en la Dirección General de Empleo, con Francisco Javier Guerrero.
Juan Lanzas fue quien introdujo en el proceso al abogado Carlos Leal de Estudios Jurídicos Villasís, a quien el comité de empresa le pagó 3.000 euros, si bien éste consiguió otra ayuda de 170.000 euros. Sabido es que Leal y Lanzas están investigados en esta pieza. Por cierto que Lanzas no compareció cuando fue citado por la juez y se le ha llamado de nuevo para hacerlo en noviembre.
Es más, López Braceros reconoció que el jefe de personal de la empresa, Luis Sobrino, se había incluido como beneficiario "intruso" de una póliza de prejubilación para los afectados por el ERE, que él mismo reconoció admitiendo que, a pesar de lo cual, siguió trabajando para la empresa.
Añádase a esto que Rafael Arévalo, que fue jefe de relaciones laborales de la Junta de Andalucía, declaró en otra pieza separada pero con referencia a todos los expedientes de los ERE que los expedientes no tenían solicitud ni fiscalización previa; que las ayudas ni se publicaban ni nada y que los beneficiarios sabían que no era correcto el procedimiento porque debían saber que no se cumplían las exigencias de una subvención.
Otros prejubilados incluidos en los sucesivos ERE de Hamsa y Primayor declararon quelos sindicatos y "un abogado de Sevilla" les obligaron a meter el dinero que les correspondió del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en cuentas del sindicato para poder cobrar las pólizas de prejubilación tramitadas por la mediadora Vitalia.
La agencia EFE daba cuenta de que uno de los prejubilados, Ramón Portal, que trabajó como conductor de camiones en Cárnicas Molina, relató que firmó una documentación que les dijeron que era una póliza y al volver de una ruta "nos bajaron de los camiones y dijeron: Ya no venís más".
El caso Primayor/Cárnicas Molina comenzó en 1999. Era una fábrica de chorizos y embutidos de Jaén que empleaba a 1.000 trabajadores con capital de la Junta en sus cuentas. Según la instrucción, la fiscalía e incluso el Tribunal Supremo, la Junta, recurrió a una fórmula para eludir los reparos de la Intervención y la Unión Europea e inyectar dinero público sin tener en cuenta la libre competencia.
El Tribunal Supremo, en la exposición razonada del juez Barreiros para formalización se suplicatorio de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera apuntó que todo el consejo de gobierno de la Junta, y en este caso, especialmente Zarrias, conocían el procedimiento que eludía el control de la Intervención desde el primer ERE de la serie, el de Primayor-Cárnicas Molina en el que ya estuvieron Juan Lanzas, la consejería de Empleo, los despachos implicados, las aseguradoras y sus sobrecomisiones, los intrusos y la ausencia absoluta de control.