Buena parte del separatismo pretende que el primer juicio contra los responsables del proceso coincida, en mayor o menor medida, con unas elecciones autonómicas en Cataluña. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado una solicitud de Oriol Junqueras y Raül Romeva en este sentido. Dicta una providencia que subraya la "estrategia dilatoria" que sigue la defensa del exvicepresidente de la Generalidad y el exconsejero de Asuntos exteriores, líder y miembro de ER, respectivamente, que es "contraria al derecho de los encausados a un proceso sin dilaciones indebidas".
La resolución inadmite un recurso de súplica que planteaba una nueva prórroga del plazo de la instrucción que permite alegaciones. La Sala contesta que la petición carece de objeto y resalta que "la contumaz insistencia en un reinicio del plazo para instrucción sólo puede interpretarse como una actuación contraria a las más elementales exigencias de buena fe", un deber procesal que las partes tienen impuesto por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El tribunal recuerda que, por providencia de 27 de agosto, se otorgó a las partes un primer plazo para instrucción de diez días (el máximo previsto en la ley, que señala que el plazo será de 3 a 10 días), al que se sumó un nuevo plazo de 10 días otorgado por resolución del 4 de septiembre. En providencia de 18 de septiembre, se concedió un plazo añadido de 5 días, y en resolución de 28 de septiembre, otros 2 días más.
"La Sala, por tanto, ha resuelto las peticiones formuladas con la máxima flexibilidad, de la manera más acorde con los derechos de defensa y a un proceso con todas las garantías, sobrepasando incluso el límite derivado de una dicción literal del mandato previsto en el artículo 627 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sólo admite una única prórroga respecto del plazo inicialmente concedido", dice la providencia.
Por último, los magistrados indican que la dificultad para el acceso a la nube virtual de la causa no ha podido generar indefensión a la defensa recurrente, que dispone, y ha podido disponer, de copia de todas y cada una de las resoluciones dictadas. La causa se encuentra a la espera de que la Fiscalía y el resto de las acusaciones, entre ellas, la Abogacía del Estado y VOX, formulen sus escritos con la petición de penas. El juez Pablo Llarena procesó a los principales sospechosos por delitos de rebelión, malversación y desobediencia.