Carmen Rodríguez-Medel se siente "molesta" y "desanimada" como juez instructora del caso Máster. Se ha expresado en esos términos después de que la representante del Ministerio Público no haya acudido al Juzgado para el interrogatorio de quien fuera subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos Laura Nuño, imputada como teórica número dos de Enrique Álvarez Conde.
En respuesta, la juez ha preguntado a la fiscal si el criterio opuesto de la Fiscalía del Tribunal Supremo en relación con Pablo Casado afecta a su instrucción. Puesto que el Ministerio Público no había recurrido sus actuaciones, cuestiona si el informe del teniente fiscal ordena "un cambio de interpretación que tenga incidencia en la parte del procedimiento que pende ante este juzgado de instrucción".
Para Rodríguez-Medel, es necesario que la Fiscalía la ilustre "a los efectos de dictar, en su caso, las resoluciones oportunas". En dicho informe, Luis Navajas concluía que los indicios del caso Máster contra el presidente del PP "no son lo suficientemente consistentes, ni aportan un nivel suficiente de solidez que aconseje la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo".
Tras ello, la juez preguntó a la fiscal que informara sobre si pedía o no el archivo de tres alumnas del mismo máster que estudio Casado imputadas en la causa y que tienen idénticas circunstancias del líder popular. También solicitó lo mismo con un alumno de la promoción de Cifuentes, también investigado.
Fuentes del Ministerio Público han explicado el retraso de la fiscal por un atasco, una circunstancia de la que al parecer la juez no ha informado a las partes.
Interrogatorio a Nuño
Laura Nuño ejerció como profesora además de como subdirectora del Máster en Estudios Interdisciplinares en Igualdad de Género que cursó la exministra de Sanidad Carmen Montón. "No soy la número dos del Instituto de Derecho Público", ha dicho en relación a su supuesta cercanía al exdirector Enrique Álvarez Conde, el principal imputado en la causa. Solo a preguntas de su defensa, ha negado los delitos de falsedad documental y prevaricación que le atribuye la juez.
Según su relato, sustituyó a la profesora Cecilia Rosado –también investigada– y evaluó el Trabajo de Fin de Máster de tres alumnos, sin recibir remuneración por ello. Además, ha manifestado que la defensa pública del trabajo no era obligatoria en el curso en el que ejerció como profesora –el de Cifuentes– conforme a la normativa, y ha reconocido su firma en las actas de los trabajos.