Gobierno y separatistas se alían en la presión a los jueces del golpe

Nueva intromisión del Gobierno contra los jueces del golpe de Estado separatista. Los principales dirigentes catalanistas del PSC en el Ejecutivo de Pedro Sánchez han criticado por activa y por pasiva la existencia de golpistas presos y abogado por su puesta en libertad. Empezó Miquel Iceta, primer secretario del PSC, que abogó en la pasada campaña del 21-D por un indulto. Entonces sólo era el candidato socialista y los principales dirigentes del PSOE se desmarcaron de una "idea" que ha resultado ser la postura más o menos "oficial" del partido del Gobierno.

Josep Borrell, nombrado por Sánchez ministro de Exteriores, se sumó a la tesis y declaró a la BBC que "personalmente preferiría que los políticos presos estuvieran en libertad condicional; hay otras maneras de evitar que se escapen". De esa forma celebraba Borrell la pasada "Diada", con un guiño a los nacionalistas procedente de uno de sus máximos adversarios hasta la moción de censura de Sánchez. Una semana después era la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, quien declaraba en El País que "sería mejor que no hubiera presos para poder hacer política en Cataluña".

Este sábado ha sido la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, quien en declaraciones a la emisora de la Generalidad, Catalunya Ràdio, se ha referido a la situación de los golpistas presos y ha afirmado que sería partidaria de concederles el indulto "si lo piden". También se ha referido a la filtración de correos internos de jueces en los que se criticaba a los líderes golpistas tachando esas comunicaciones de "desafortunadas".

A las pocas horas de tales palabras, la delegada Cunillera ha emitido un comunicado sobre su "respeto a la independencia judicial y la separación de poderes" y pedía que no se descontextualicen sus manifestaciones.

Escepticismo separatista

Las intervenciones sobre los presos de los socialistas que están en la primera fila del diálogo con el "Govern" de la Generalidad son recibidas con escepticismo por los separatistas, que ya dan por amortizado el traslado a prisiones catalanas, dependientes de la administración autonómica. Tanto Puigdemont como su sustituto Quim Torra y los principales dirigentes de ERC piden otro gesto al Gobierno, que obligue a la Fiscalía a retirar el cargo de rebelión de las acusaciones.

Tras arremeter contra la Corona y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son los jueces y fiscales quienes están en el punto de mira del separatismo.

Los independentistas dedican todos sus esfuerzos a degradar a los magistrados, sometidos a una campaña de acoso redoblada esta semana por la filtración de los correos internos de algunos jueces que se mostraban críticos con la vulneración del orden constitucional y la situación en Cataluña. Torra ha introducido este sábado un nuevo elemento de crítica y ha instado al Tribunal Supremo a no retrasar su sentencia para que se produzca después de las elecciones municipales y europeas. Todavía no se ha fijado la fecha para el juicio, pero los separatistas trabajan con la hipótesis de comenzará a final de año y que el fallo habría de trascender antes de las elecciones del 26 de mayo. Cualquier otro calendario implicaría, según Torra, que los jueces hacen política.

Más ataques al poder judicial

También ha dicho el presidente de la Generalidad que su gobierno no está condicionado por la situación de los dirigentes encarcelados o huidos, que adopta sus decisiones "libremente" y que el juicio es una "causa general contra el independentismo" de carácter político.El separatismo se mantiene firme en su discurso de descalificación contra el poder judicial en un ambiente de inquietud entre los jueces y fiscales de Cataluña por la presión del gobierno separatista, una presión en la que colaboran las declaraciones de los dirigentes socialistas catalanes en "solidaridad" con los encarcelados.

Los socialistas. como Torra, tampoco se dejan condicionar por la situación de los presos, que ha experimentado una notable mejoría con su traslado a cárceles catalanas, donde el régimen de visitas y las condiciones de estancia son de presos VIP. Esperan a que la presión haga su efecto mientras mantienen abiertos todos los canales para satisfacer las demandas nacionalistas en materia económica y de competencias.