No existen motivos para la apertura de una causa contra Pablo Casado por el caso Máster, según el Ministerio Público. La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de la imputación del presidente del Partido Popular, aforado en su condición de diputado en el Congreso. La Sala de Admisión decidirá con este informe que solicita además el archivo del procedimiento.
Los magistrados no están obligados a alinearse con el criterio de la Fiscalía, aunque es lo más habitual. El estudio de la exposición razonada ha correspondido a Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo, y la resolución definitiva recae ahora en Manuel Marchena, Francisco Monterde, Miguel Colmenero, Ana Ferrer y Pablo Llarena. Pablo Casado presentó un escrito de 28 folios en los que negaba la comisión de los delitos citados añadiendo que, en todo caso, habrían prescrito.
La Inspección de Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos ha archivado este viernes la información reservada que abrió de oficio sobre la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de Casado. Según el rector Javier Ramos, tampoco existen en esta vertiente indicios de irregularidades.
Comunicado de la Fiscalía
"La Fiscalía ha presentado hoy un escrito ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que solicita el archivo de las actuaciones abiertas a partir de la Exposición razonada elevada por el juzgado de instrucción nº51 de Madrid. El Fiscal considera que los indicios en los que se basa dicha exposición razonada "no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni haber quedado acreditado de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto del sr. Casado Blanco con cualquiera de los demás investigados".
La Fiscalía tampoco encuentra en la exposición razonada dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria -al menos en relación con el aforado-, la existencia de un concierto previo de D. Enrique Álvarez Conde con lo que se denomina en la Exposición razonada "un grupo de alumnos escogidos" para matricularse en el master.
En relación con el cohecho impropio del art. 426 del Código Penal, el Fiscal considera que la pena señalada por este delito implicaría la ineludible prescripción del mismo, y sólo tendría trascendencia penal si hubiera un concurso medial con el de prevaricación administrativa, y se admitiera la participación del aforado en régimen de cooperación necesaria. Esta cuestión se rechaza por las razones anteriormente expuestas".
Estado de la investigación
Cumpliendo con los trámites previstos, el Tribunal Supremo solicitó a la Fiscalía que se pronunciara. Que remitiese un informe con dos cuestiones: si el Alto Tribunal tiene competencia para la investigación contra Pablo Casado en su condición de aforado y, lo más importante, si aprecia, en línea con la juez que instruye el caso Máster en los Juzgados de Plaza de Castilla, los indicios de prevaricación y cohecho impropio en la obtención del título que el presidente del PP cursó en la Rey Juan Carlos.
La juez Carmen Rodríguez-Medel, que fue asesora del penúltimo ministro de Justicia, el popular Rafael Catalá, elevó una exposición razonada al Supremo en este sentido. Reclamó la citación del líder del PP ante las sospechas de que consiguió el título como "regalo o prebenda sin mérito académico alguno" por parte del director del catedrático y exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde.
De acuerdo con la investigación, los alumnos del Máster en Derecho Autonómico en ese curso 2008-2009 entregarían al final del mismo un trabajo que certificara los conocimientos adquiridos en clase, de obligatoria asistencia. Así ocurrió, salvo cuatro excepciones. Pablo Casado, al que convalidaron 18 de las 22 asignaturas. En las cuatro restantes, impartidas todas por Álvarez Conde, presentó trabajos. Según el líder del PP, entonces diputado autonómico, le ofrecieron la opción y aceptó, puesto que era un curso de posgrado menor no habilitante para el doctorado u otra salida.
Las otras tres alumnas alejadas de los requisitos, imputadas en la causa, son María Mateo Feito, hija de la exasesora del Gobierno madrileño María Teresa Feito, María Dolores Cancio, profesora de la URJC y coautora de publicaciones con Álvarez Conde y Alida Más Taberner, subsecretaria de la consejería de Educación de la Generalidad valenciana durante la presidencia de Francisco Camps.
En esta misma pieza figuran otros imputados. Son Fernando Suárez, exrector de la URJC y vicerrector en aquel curso. Su firma consta en el acuerdo de convalidación de asignaturas a determinados alumnos del máster de Casado. La jueza no apreció después del interrogatorio una "vulneración arbitraria y grosera del ordenamiento jurídico" en el reconocimiento de créditos de Casado (convalidó 18 materias), por lo que es posible que se le levante la imputación.
Enrique Álvarez Conde, responsable del máster. Según Rodríguez Medel, él es "quien urde este sistema de prebendas consistentes en regalar títulos académicos". Alicia López de los Mozos, profesora, "discípula" y "estrecha colaboradora" del anterior. Califica de sobresaliente a un "grupo escogido de alumnos" aunque no asistieran a clase o hiciesen trabajos. En la pieza de Cifuentes reconoció notas aleatorias. Pablo Chico de la Cámara, profesor. Actuó en connivencia de los dos anteriores.