Es el efecto colateral. La argucia para saltarse el Senado ideada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,y así evitar el farragoso trámite de la Ley de Estabilidad presupuestaria podría acabar siendo un gol en propia puerta. Según avanzan fuentes socialistas y del Ministerio de Hacienda, habrá un retraso en la presentación y posterior aprobación de los Presupuestos Generales del Estado respecto al calendario inicial planeado por el presidente Sánchez. Tanto, que podría precipitar un brusco final de la legislatura.
Según avanzó el jefe del Ejecutivo en su primera entrevista del curso político, a la cadena SER, el Gobierno presentaría los PGE en el mes de noviembre con el objetivo de aprobarlos en febrero/marzo, antes de que se inicie la campaña electoral de las triples elecciones de mayo del año próximo (europeas, municipales y autonómicas).
Una victoria que exhibir públicamente como primer éxito de Gobierno y declaración de intenciones sobre la estabilidad de su proyecto que garantice la duración de la legislatura. Pero este escenario es precisamente el que se acaba de desmoronar. El ardid de última hora de Sánchez acorta los plazos previstos por la Ley de Estabilidad (unos seis meses) pero alarga los previstos por Moncloa (en cerca de tres meses).
El foco está ahora en la Mesa de la Comisión de Justicia, donde se ha registrado la enmienda que cambia la Ley de Estabilidad a través de la ley sobre el pacto de Estado de violencia de género. Una comisión con mayoría de PSOE y sus socios y que preside la socialista, Isabel Rodríguez, quien, según fuentes socialistas "será diligente" a la hora de agilizar los trámites para aprobar la enmienda en comisión antes de enviarla al Senado, previa aprobación definitiva en el pleno del Congreso.
Según avanzan fuentes parlamentarias socialistas el plazo estimado de su aprobación por la comisión de Justicia es de unas tres semanas aproximadamente. La única forma de evitar este procedimiento es que triunfara la petición de amparo que PP y Ciudadanos han elevado a la Mesa ‘grande’, el órgano superior y rector del Congreso. Una posibilidad muy remota hasta para el PP, hasta el punto de que consideran que "es prácticamente imposible". Fuentes parlamentarias explican que "jamás la mesa grande ha corregido a una mesa de una comisión" y que "la mesa de la comisión de Justicia es soberana". De hecho, fuentes socialistas aseguran que "está ganado" ese tanto respecto al PP.
Los plazos desbaratan sus planes
Pero, aun dando por descontada esa victoria, los plazos siguen desbaratando los planes del Gobierno.Con esas tres semanas en la comisión de justicia, el dictamen se elevaría al pleno del Congreso a partir de mediados de octubre. Sería enviado entonces al Senado en donde el PSOE adelanta que solicitará la vía de urgencia conforme al artículo 90.3 de la Constitución Española, lo que obliga a tramitar el proyecto de ley en un máximo de 20 días en lugar de 2 meses.
Esto es: a principios de noviembre el proyecto volvería nuevamente al Congreso para ser aprobado de forma definitiva por el pleno a la semana siguiente (mediados de mes), ya que la primera semana del mes no hay sesiones. A partir de ahí, y siempre según las previsiones del grupo socialista, se precisaría de un mes más (mediados de diciembre), habilitada ya la reforma de la Ley de Estabilidad ‘por la puerta de atrás’, para aprobar la nueva senda de estabilidad y objetivo de déficit, base del proyecto de Ley de Presupuestos que, como pronto, llegarían al Congreso a finales de diciembre.
Con las vacaciones navideñas de por medio y el fin del periodo de sesiones en torno al día 20 del mes, el PSOE da por hecho que los PGE no llegarían al Congreso hasta enero, obligando al Congreso a habilitarlo como mes hábil (actualmente las sesiones comienzan en febrero). La tramitación de las cuentas públicas suele durar unos tres meses con lo que, de aprobarse, no sería hasta el mes de abril-mayo cuando verían la luz verde del Parlamento.
Desde el Ministerio de Hacienda no sólo contemplan este escenario sino que argumentan que "no pasa nada si se sufre un retraso" porque lo importante es "que haya presupuestos". Pero insisten en que "vamos a trabajar para que lleguen a tiempo. No nos pongamos en el peor escenario".
El peor escenario es sin duda el de un fracaso de las PGE que barajan tanto en el PSOE como en el Gobierno como un "panorama probable". La nueva situación derivada del trámite de la treta legal ideada por el Gobierno sólo complica más la situación. Con los tiempos más ajustados, menor margen de negociación y una campaña electoral de por medio que paraliza las negociaciones por la anteposición de argumentos partidistas a los intereses de Estado, sólo hay nubarrones en el horizonte. El gol por la escuadra de Sánchez a PP y Ciudadanos se puede haber convertido en un gol en propia meta. Y su artimaña parlamentaria en la rectificación que podría aumentar las probabilidades de adelanto.