Los identificados por quitar lazos amarillos denuncian a varios cargos públicos

Los identificados el pasado 17 de agosto mientras retiraban lazos amarillos y propaganda separatista de las calles han presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña contra diversos cargos públicos. Lo han hecho a través de la fundación presidida por el empresario José Manuel Opazo, convocante de la manifestación del pasado 9 de septiembre en Barcelona. La asociación, que tiene por objeto dar apoyo y asistencia jurídica a todos aquellos ciudadanos que de forma pacífica retiren propaganda de la vía pública, sufragará todos los gastos.

La denuncia amplía los hechos de la presentada en su día por Impulso Ciudadano, solicita nuevas diligencias de investigación, se dirige contra nuevos denunciados, y los denunciantes se presentan como directos perjudicados. Los denunciantes tienen pruebas de que sus datos personales han sido filtrados a miembros de los CDR, lo que ha conllevado que se vean amenazados, por lo que solicitan que se investiguen dichas filtraciones por cuanto podrían ser constitutivas de un delito de revelación de secretos.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de agosto, cuando los denunciantes se encontraban retirando propaganda separatista del espacio público, y fueron identificados de manera arbitraria por los Mossos d'Esquadra. Los agentes remitieron el atestado a un Juzgado de Instrucción de Falset, que decidió archivarlo al entender que los hoy denunciantes no habían cometido ningún tipo de delito.

Además de las identificaciones, las personas que quitaban lazos amarillos sufrieron una persecución por parte de diferentes cargos e instituciones públicas. La propia Consejería de Interior de Cataluña amenazó con posibles sanciones de 600 a 30.000 euros y también se filtraron sus datos personales a grupos separatistas radicalizados.

Entre los denunciados se encuentran Miquel Buch, consejero de Interior de la Generalidad; Andreu Joan Martínez, director de Mossos d'Esquadra; Miquel Esquius, comisario jefe de Mossos d'Esquadra; así como la totalidad de los Mossos d'Esquadra que participaron en la identificación y traslado del atestado al Juzgado de Instrucción de Falset.

Por último, denuncian al alcalde de La Atmella de Mar, Jordi Gaseni Blanch, por un posible delito de odio ideológico, además de por un delito de desobediencia a los Tribunales por incumplimiento de las recientes sentencias que obligan a las Instituciones de Cataluña a mantener la neutralidad en los espacios públicos, y por malversación de caudales públicos, al haber destinado dinero público para la colocación de mobiliario urbano con marcado con marcado carácter separatista, como es el lazo amarillo metálico instalado en una de las rotondas del municipio.

La plataforma ha encargado esta primera denuncia al abogado Juan Cremades, quien además ejerce como letrado de Vox en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona por la organización y ejecución del referéndum del 1 de octubre.