No se ha presentado aún en el Congreso de los Diputados y la propuesta del Gobierno para suprimir parcialmente los aforamientos a cargos públicos ya ha comenzado a naufragar. Apenas 24 horas después de realizar el anuncio, Pedro Sánchez ya ha cosechado las primeras críticas y negativas de los grupos de la oposición incluyendo a sus socios preferentes en el Congreso ERC, PDeCAT y PNV.
Una reforma que fue calificada de"tomadura de pelo"incluso por el grupo impulsor de esta iniciativa, el de Ciudadanos. En la habitual reunión de los martes de su grupo parlamentario, Albert Rivera acusó a Sánchez de haber realizado el lunes un "regate corto no, cortísimo" por el que "intentó engañarnos" aunque, aseguró, "no nos ha engañado. Sánchez vuelve a defraudar". El líder naranja lamentó que con la propuesta del Ejecutivo delitos como la prevaricación, el cohecho, la malversación o la financiación ilegal "siguen protegidos ante los tribunales que el bipartidismo pone a dedo. Es decir: ni quieren la reforma del poder judicial, para poner a dedo a los jueces en el Supremo y en otras instancias, ni quieren suprimir los aforamiento por casos de corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es una tomadura de pelo", remarcó Rivera ante los suyos.
Este martes por la tarde el pleno del Congreso debate la moción del partido naranja que insta a las asambleas de las distintas comunidades autónomas a eliminar igualmente los aforamientos, regulados en los respectivos estatutos. Así ocurrió el año pasado en Murcia, aunque al ser los estatutos leyes orgánicas la última palabra corresponde a las cortes generales, y por eso la supresión en el caso murciano no se ha culminado aún.
La subasta de los socios del Gobierno
Desde las formaciones que sostienen al Gobierno la estrategia es distinta. ERC, PDeCAT y PNV optan por propuestas maximalistas con el objetivo de hacer fracasar la supresión de los aforamientos. El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, aseguró este martes que "si el presidente del Gobierno decide abrir el melón de la reforma de la Constitución inevitablemente la cuestión fundamental en Cataluña es la absoluta falta de legitimidad de la Constitución del 78 sobre todo después de la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010".
Según Campuzano, la reforma de la Carta Magna no debería ser una reforma simple sino agravada, que afectara a los títulos I y II del texto constitucional y con el objetivo de que quedara reflejado el derecho a decidir del pueblo catalán. Algo que complementó su socio independentista, el portavoz de ERC, Joan Tardá, quien se limitó a afirmar con desdén: "Si quieren hacer una reforma constitucional que lo hagan pero nosotros, de entrada, no nos sentimos concernidos en una reforma de la Constitución".
Sin embargo, ambas formaciones independentistas no se mostraron partidarias de una supresión total de los aforamientos políticos porque "es muy evidente que tiene sentido el aforamiento para los parlamentarios en el ejercicio de su actividad parlamentaria", señaló Campuzano dejando claro "la autonomía de las comunidades autónomas que no deben de suprimir sus aforamientos dejando expuestos a sus parlamentarios autonómicos". "No es el Congreso quien debe instar a los parlamentos autonómicos".
Lejos de mostrar su apoyo sin fisuras, el PNV también elevó sus exigencias de cara a aprobar el proyecto del Gobierno con la propuesta de suprimir todos los aforamientos e, incluso, acabar con la inviolabilidad del rey Felipe VI. Una petición que se ha plasmado en forma de enmienda a la moción de Ciudadanos que se debatirá esta tarde en el pleno del Congreso. Su firmante, el portavoz peneuvista, Aitor Esteban, explicó a los periodistas: "Claro, si lo que se interpreta es que no puede ser llevado a los tribunales por un robo o un asesinato, si lo llevamos al extremo… ¿Es esto lo que corresponde a un estado democrático? ¿Es verdaderamente esto lo que pretendía el legislador? Yo creo que no". Y recordó que fue precisamente el monarca y su antecesor quienes manifestaron públicamente en su día que "todos somos iguales ante la ley".
Lastra rechaza incluir al Rey
Un extremo, el de acabar con la inviolabilidad del Rey, que descartó tajantemente la portavoz socialista, Adriana Lastra, que delimitó claramente la negociación a "una reforma simple,y no agravada de la Constitución que exigiría un referéndum y disolución de las Cortes. De esto, y sólo de esto va a hablar el Gobierno".
La portavoz socialista confirmó que la intención del Ejecutivo es aprobar esta medida el próximo viernes en el Consejo de Ministros y presentarlo en el Congreso el lunes que viene pese a que aún no se ha concretado uno de los aspectos fundamentales: los delitos de corrupción quedarían fuera de la supresión del aforamiento por tener lugar, no en el ámbito privado, sino en "la propia actividad política del cargo". Fuentes socialistas aclaran que "aún se está perfilando la linea divisoria".