El Gobierno ha anunciado este lunes que no va a hacer públicos los estudios sobre adoctrinamiento en los libros de texto de Cataluña, encargados por el anterior Ejecutivo a la Alta Inspección Educativa, dada "la falta de rigor" y de conclusiones "rigurosas" de los documentos.
Educación sostiene en un comunicado que "el Gobierno no puede asumir sus contenidos ni los hará públicos, como tampoco asumió ni hizo públicos el Ministerio anterior, que fue quien los encargó".
El Ministerio ha recordado que el anterior gabinete de Íñigo Méndez de Vigo encargó el 6 de julio de 2017 un estudio de libros de texto de Secundaria, que en febrero de 2018 amplió a Primaria y Bachillerato con el fin de recabar información sobre si las comunidades autónomas adoctrinaban en los libros de texto.
Aunque la actual ministra Isabel Celaá dijo recientemente que no encontraba dichos informes porque el anterior Ejecutivo no se los había entregado "ni hablado de su existencia", este lunes el Ministerio ha reconocido –tras publicar El Mundo su contenido– que los encontraron hace unas semanas.
Se trata de dos textos que analizaron 102 libros de Secundaria, de Matemáticas, Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura, así como otros 25 textos de Bachillerato.
"Los manuales se escogieron sin especificar criterio alguno y son solo una pequeña parte de los utilizados en las comunidades autónomas", alega el departamento que dirige Celaá.
Añade que el texto contiene "análisis contradictorios" de un mismo libro, por lo que esto "hace imposible llegar a conclusiones rigurosas". El documento no especifica tampoco "quiénes fueron los autores del estudio ni cuántas personas participaron en él" ni consta la metodología seguida.
Por todo ello, según el Ministerio, "no es posible elaborar un informe con esos datos inexactos, a los que se añaden erratas, errores conceptuales o de comprensión, lecturas parciales y valoraciones subjetivas, que le quitan cualquier rigor científico".
Respecto a posibles actuaciones futuras, Educación ha recordado que si se constatase la existencia de libros y materiales escolares que "contravinieran la normativa", las comunidades tienen margen de actuación.
Y en última instancia, el Ministerio tiene competencia para demandar el cumplimiento de dos requisitos en los libros de texto como son el rigor científico y el respeto a los principios de la legalidad vigente.