La Comisión de Expertos sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba, constituida a instancias del Ayuntamiento de la capital cordobesa en junio de 2017 con el fin de dotar al Consistorio de argumentos para que el monumento vuelva a ser de titularidad pública, ha establecido que la Iglesia Católica no es su propietaria.
Esa es una de las principales conclusiones del informe emitido por la citada Comisión de Expertos, presidida por el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, y que han presentado este sábado junto a la alcaldesa de la ciudad, la socialista Isabel Ambrosio.
"El análisis histórico" que han realizado "demuestra que la Iglesia Católica no tiene, ni puede tener, título de propiedad alguno sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba", afirma el documento, por lo que el Ayuntamiento "tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación, en cumplimiento de su deber institucional de defensa de un bien público en el ámbito del municipio".
El Cabildo: "Es propiedad de la Iglesia desde 1236"
El Cabildo Catedral de Córdoba ha respondido a la Comisión de Expertos y ha subrayado que "numerosas instancias judiciales y de la Administración han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral es propiedad de la Iglesia desde 1236".
Así, apunta que, "en 2014, la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda señaló en un informe que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado".
En ese sentido (agrega el Cabildo), la Dirección General de Patrimonio recogió que "la Abogacía del Estado ya señala que nadie cuestiona que Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en el año 1236, decide que la Mezquita sea consagrada y convertida en Catedral de la ciudad, y desde entonces la Iglesia es quien gestiona la misma, si bien colaborando con la misma en su conservación y mantenimiento, ya en la época moderna tanto el Estado como otras administraciones públicas, y ello dada su condición de bien de patrimonio histórico".
Según el Cabildo, el informe de la Comisión de Expertos "no ofrece argumentos jurídicos que avalen la tesis que sostiene que el templo era de propiedad pública" y "basa sus conclusiones en argumentos puramente ideológicos".
Por último, el Cabildo Catedral hace "un llamamiento a la responsabilidad a los políticos e instituciones para que no alimenten esta falsa polémica que solo genera división entre la población y que supone un ataque a la comunidad católica de Córdoba, que tiene derecho, como toda comunidad católica en cualquier parte del mundo, a tener su propia Catedral como lugar referente de culto de toda la comunidad diocesana".