Hay corrupción más allá de los ERE y el fraude de la formación en Andalucía. Ayer la Fiscalía de Almería solicitó la apertura de juicio oral en la Audiencia de Almería contra José García Navarro con una petición de 10 años de inhabilitación por prevaricación continuada, a la que hay que unir otra petición de 12 años de cárcel y 31 de inhabilitación en otro sumario, el caso conocido como caso Rambla. Un día antes, el miércoles, la misma Fiscalía solicitaba 18 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación para Rogelio Mena Segura, su sucesor en la alcaldía.
Ambos tienen en común haber sido ex secretarios de Ideas de la dirección regional del PSOE andaluz, el primero nombrado por Manuel Chaves como miembro de su equipo de dirección y el segundo, ya en la etapa de José Antonio Griñán y Susana Díaz, ha sido considerado como un hombre próximo a la trianera. Son dos casos que afectarán y mucho a los resultados de las próximas elecciones, anticipadas o no, especialmente en la provincia de Almería porque se trata de socialistas andaluces del máximo nivel.
Los dos imputados tienen que ver con el Ayuntamiento de la localidad almeriense de Albox. En el caso actual, José García Navarro está acusado de prevaricar de manera continuada al contratar a 10 personas de manera temporal, pero que sin embargo, hoy en día continúan trabajando para el Ayuntamiento de Albox, precisa Confidencial Andalucía.
García, alcalde de Albox entre los años 2007 y 2013 enchufó en el Ayuntamiento de Albox, a una serie de familiares, militantes y allegados partidarios, según denunciaron en su momento desde la oposición, "sin atender a criterios de necesidad, méritos y capacidad". Fueron diez contrataciones temporales, realizadas en los años 2007, 2008, 2009 y 2010.
Según el escrito del fiscal, los hechos constituyen "un delito continuado de prevaricación administrativa", por lo que se solicita para José García Navarro, una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
No es la primera petición de pena para García Navarro. Hace un mes Europa Press anunciaba que la petición de la Fiscalía Provincial de Almería para este exalcalde en el caso Rambla era de 12 años de prisión y 31 años de inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público.
El Fiscal le atribuyó la perpetración de delitos relacionados con tres proyectos, adjudicados presuntamente a dedo, por un montante de 1.123.740 euros. Además, luego confeccionó sus respectivos expedientes administrativos para "intentar dar una apariencia de que el procedimiento de adjudicación se había realizado y que era conforme a derecho".
La calificación provisional del fiscal atribuía además a García Navarro la supuesta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa, otro continuado de falsificación de documento público y un tercero de malversación en relación con el proyecto de refuerzo de los muros de contención de avenidas en la rambla de Albox, la construcción de una EDAR y de las conducciones de abastecimiento de agua.
García Navarro dimitió alegando "motivos personales" en febrero de 2013 que explicó como "falta de ilusión".
Le sucedió en la alcaldía de Albox y en la secretaría de Ideas del PSOE de Susana Díaz, Rogelio Mena, que ya fue condenado a la inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos años y medio por denegar a la oposición el acceso a los expedientes de contratación y facturas relativas, entre otras empresas, a 'Alcaina Estudio de Ingeniería', cuyo representante está procesado en esta causa y para el que el fiscal pide seis años de prisión y 15 de inhabilitación como cooperador necesario por prevaricación, falsedad y malversación.
Ahora, Mena deberá ir a juicio de nuevo. La vista oral contra el exalcalde de Albox (Almería), acusado de gastar más de 2.000 euros de dinero público en viajes y comidas de carácter privado, se celebrará en octubre.
Mena, quien tuvo que abandonar el cargo en 2016 para cumplir dos años y seis meses de inhabilitación especial a los que fue condenado por denegar información a la oposición, está procesado en este caso por presuntos delitos de prevaricación y continuado de malversación de fondos públicos.
Mena se lamentó de aquel caso porque "los inquisidores de turno no hayan cejado en una persecución y acoso permanente con noticias falsas desde perfiles falsos y denuncias sin base alguna ni sentido ante los juzgados que han ido decayendo y absolviendo los tribunales". Pero ahora, en el nuevo procedimiento, el Ministerio Público interesa 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación especial para cargo público, además del pago de una multa de ocho meses con cuota diaria de 20 euros e inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante tres años.
Según el relato del fiscal, el exalcalde albojense, que accedió al cargo en 2013, "tomó la decisión, que no documentó por escrito", de realizar "determinados desplazamientos por actividades ajenas a su cargo público, cargando los gastos derivados de los mismos, alojamiento y manutención según las ocasiones, a la cuenta de las arcas municipales".
En su escrito, dice que lo hizo "aun siendo sabedor de la irregularidad que suponía tal proceder" y considera acreditado que defraudó presuntamente al erario municipal una suma total de "2.010,83 euros al haber realizado estos gastos con independencia y sin tener que ver con su condición de cargo público del Ayuntamiento de Albox". Se refiere a estancias en Madrid y Burgos, a un acto de UGT, y a otros en la capital almeriense.