El Juzgado nº1 de Falset (Tarragona) ha archivado la denuncia de los Mossos contra 14 personas identificadas en Mora de Ebro por quitar lazos amarillos por la noche y con el rostro tapado. Según el auto publicado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no han cometido los delitos de daños al mobiliario urbano y hurto, como planteaba la policía catalana a la que investiga la Fiscalía por este episodio.
Les incautaron planos e instrucciones, recuerda el juez, pero "resulta evidente la total ausencia del ánimo de lucro en relación con el delito de hurto imputado". "Es de público conocimiento –sigue– la existencia de grupos que, en el marco de la situación política en Cataluña, vienen colocando y quitando signos y símbolos políticos". Y aunque "pueden ser de propiedad particular de personas o entidades concretas, obran con finalidades muy distintas a la obtención de un beneficio".
Sobre el delito de daños leves, unos "arañazos efectuados en el letrero ubicado a la entrada de Mora la Nueva y el corte en las cuerdas del mástil donde se encontraba alzada una de las banderas esteladas sustraídas" (...) "los daños constitutivos de delito son, según reiterada jurisprudencia, los que implican la destrucción parcial o total o la inutilización con pérdida de eficacia, productividad o rentabilidad". A la vista de las fotografías incorporadas al atestado "no se observa destrucción o inutilización del bien, por lo que no existe delito de daño alguno".
El juez concluye que los hechos pueden "incardinarse dentro de las infracciones contempladas en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana, cuya aplicación no corresponde a este Juzgado".
Investigación de la Fiscalía
Retiraban lazos amarillos y otros símbolos separatistas en Cataluña cuando agentes de los Mossos procedieron a su identificación. Hasta 14 personas sufrieron este lance a manos de la Policía autonómica, según la Generalidad, en las localidades tarraconenses de Mora la Nueva, Tivisa y Vandellós el pasado 17 de agosto. El consejero de Interior Miquel Buch, uno de los exponentes más radicales de los rupturistas, anunció acciones contra estos ciudadanos por "presunta infracción grave de la Ley 4/2015 de seguridad ciudadana", que sanciona este tipo de actuaciones con multas que van de 601 a 30.000 euros.
Por este suceso y por otras identificaciones, la Fiscalía Superior de Cataluña abrió diligencias de investigación. En el escrito, el teniente fiscal en funciones de fiscal superior requirió al comisario jefe de los Mossos que explicara "los concretos motivos" por los que se identificó a diversos ciudadanos por retirar lazos. Le reclamó el pasado 27 de agosto que en menos de 15 días remitiera un informe en el que se identificara a los agentes que actuaron en las identificaciones y explicara los "motivos que llevaron a la intervención realizada, las diligencias practicadas y, en su caso, si las mismas dieron lugar a la remisión de denuncia" o sanción.
Además, le pidió que explicara los criterios que siguen los agentes de los Mossos ante "eventuales actuaciones de retirada de simbología partidista o reivindicativa de la vía pública por parte de particulares". El fiscal solicitó el mismo informe al alcalde de La Ametlla de Mar, en relación a la actuación de la Policía Local del municipio la noche del 24 de agosto.
Las diligencias se abrieron después de que el presidente de la asociación Impulso Ciudadano y miembro de SCC, José Domingo, remitiera un escrito a la Fiscalía informando de que se había identificado a 14 personas en esos municipios, según había informado la Consejería de Interior de la Generalidad en un comunicado.
El presidente catalán Quim Torra dijo que exigiría "responsabilidades" al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las "acciones intolerables" y los "comportamientos inaceptables" que a su juicio han tenido miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra separatistas.