La Junta de Seguridad de Cataluña, la primera que se celebraba desde que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa, tenía este jueves como uno de sus temas más polémicos la crisis generada por los lazos amarillos con los que los independentistas han inundado los espacios públicos de la región. Un asunto que fue finalmente impuesto por el Ministerio del Interior pese a las reticencias de los máximos responsables de la Generalidad en materia de seguridad.
Este tema estaba colocado en el primer punto del orden del día establecido por el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, bajo el epígrafe de "conviviencia en el espacio público". Y se ha saldado con un acuerdo totalmente estéril. Y es que tanto el ministro como el presidente de la Generalidad, Quim Torra, y su consejero de Interior, Miquel Buch, han coincidido en que se debe garantizar la "neutralidad" de estos espacios, pero sin pactar ni una medida para hacerlo efectivo.
De garantizar esa supuesta neutralidad se encargarán por completo los Mossos d'Esquadra, los mismos que este verano han identificado y redactado propuestas de sanción para ciudadanos que han retirado estos lazos amarillos, pero que no han hecho lo mismo con aquellos independentistas que los han estado colocando. Es más, el propio Marlaska ha transmitido a los altos cargos de la Generalidad que la policía catalana le merece "toda la confianza".
Para Buch, el problema de los lazos amarillos no había existido en Cataluña hasta que "un partido político determinado" llamó a retirarlos del espacio público el pasado 15 de agosto. Es decir, culpó a Ciudadanos de la situación de crispación en las calles catalanas, pese a que los incidentes a cuenta de la puesta y retirada de los mismos se llevan produciendo desde prácticamente el primer día que empezaron a ser colocados.
El ministro del Interior ha destacado que un "buen elemento a valorar" sería la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 5 de julio, relativa al ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en la que el juez consideraba que el uso del espacio público con fines partidistas es "una injerencia en la neutralidad" que exige la Constitución. Y hasta ahí, porque no quiso decir directamente que tienen que ser retirados de manera inmediata.
Los Mossos en el CITCO y nuevas promociones
Otro de los temas importantes era la definitiva incorporación de los Mossos d'Esquadra al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), un órgano del Ministerio del Interior en el que ya están trabajando codo con codo expertos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Ertzaintza, y al que ahora se van a integrar efectivos de la policía catalana.
La integración total se realizará en menos de 30 días, el plazo que se considera necesario para que se solucionen los problemas técnicos que hasta ahora impedían al cuerpo catalán poder intercambiar datos con el CITCO. A partir de ese momento, un agente de la policía catalana quedará establecido de forma permanente en la sede del organismo, ubicada en El Pardo (Madrid), para facilitar el intercambio de información.
En un primer momento, los Mossos d'Esquadra estarán únicamente en el Sistema de Coordinación de Investigaciones (SCI-Sicoa) del CITCO, pero se crea también un grupo de trabajo para que con posterioridad, puedan incorporarse plenamente a otros ámbitos de trabajo de la institución, como elaboración de informes, soporte logística y formación.
Durante el encuentro, Torra y Buch han pedido a Interior poder convocar 1.500 nuevas plazas para agentes del cuerpo policial autonómico, que se repartirían en dos años. Una primera de 750 plazas en 2019 y una segunda de otras tantas plazas en 2020. Bruch ha justificado esta petición en la necesidad de cubrir las bajas que se producen (por ejemplo, por jubilaciones) y en la necesidad de alcanzar un ratio óptimo de agentes por número de habitantes.
Marlaska no ha respondido ni afirmativa ni negativamente a esta petición y ha trasladado a los representantes de la Generalidad de Cataluña que trasladará esta petición al Ministerio de Hacienda, que es quien tiene la última palabra en la convocatoria de nuevas plazas para personal de las administraciones públicas.