Al ya tradicional embrollo de la corrupción andaluza, se unen nuevas confusiones. La primera, apunta a que parece desinflarse la hipótesis de las elecciones tras haber sido "pinchada" en fuentes próximas al juicio de los ERE. Según estas fuentes, recogidas por la prensa andaluza, no podrá haber sentencia antes del verano de 2019. De ser así, desaparecería el motivo judicial del adelanto pare evitar el efecto de una sentencia adversa. Sólo quedarían dos causas de anticipo: la prevención ante una inversión, a peor, del efecto Sánchez y el deseo de Susana Díaz de que las andaluzas no coincidan con otras elecciones.
La segunda, la derivada de la instrucción que del resto del caso ERE y de la formación está haciendo la juez Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya en el Juzgado que lleva los macro casos de corrupción Por una parte, está la decisión de la Audiencia de anular, por segunda vez, una decisión de la juez en la pieza Azucareras Reunidas de Jaén que recibió 1,3 millones de euros de la Junta. La Audiencia obliga a la juez a tomar declaración a una testigo que ella misma pidió y luego "olvidó". La fiscalía ha llamado "confusa" la actuación de la juez.
Por otro lado, en otra vertiente de los ERE, la Audiencia de Sevilla ha admitido a trámite la recusación que el PP ha hecho de la presencia de jueza Núñez Bolaños por la supuesta incompatibilidad derivada de investigar una pieza del caso de los ERE mientras su cuñada, María Guija Villa, trabaja en la Agencia IDEA y podría haber gestionado famosas transferencias de financiación bajo la que se ocultaba lo que se conoce como "fondo de reptiles".
En el caso ERE, la confusión ha sido suscitada por la decisión de la defensa del ex consejero José Antonio Vera de renunciar a la testigo Soledad Córdova, ex directora general de Trabajo con José Antonio Griñán y Javier Arenas, que afirmó ante la instructora Bolaños que en su opinión no había delito alguno en las ayudas de los ERE porque se inscribían en una orden emitida por el ministerio de Griñán en 1995. Que Córdova está imputada en el caso de la Franja Pirítica de Huelva puede haber influido en la decisión de no someterla a las preguntas de Fiscalía y acusación particular del PP.
Juanma Moreno, el todavía presidente del PP andaluz, tiene que hacer frente a otra crisis interna, tras su incalificable papel en las elecciones primarias del PP nacional en las que apoyó a la candidata perdedora, Soraya Saénz de Santamaría, para luego apoyar y ser apoyado por el nuevo líder Pablo Casado. Se trata de la crisis, nunca bien resuelta, del PP de Granada, abierto en canal tras la guerra civil declarada en su interior sobre todo a partir de la imputación del ex alcalde de Granada y líder del PP granadino durante años, José Torres Hurtado.
Su sucesor, Sebastián Pérez, convocó el último congreso provincial el pasado mes de mayo saliendo elegido por supermayoría absoluta. Pero ahora podría tener que repetirlo ¿La causa? Que el candidato perdedor, Juan García Montero, concejal del PP en el Ayuntamiento granadino, fue al juzgado y denunció irregularidades. Ahora, un juez le ha dado la razón y convierte en nulo el congreso por diferentes ilegalidades. Esto obligaría a la celebración de un nuevo congreso, ya con Casado en la presidencia nacional, si no se presenta recurso, o se pierde, y si el denunciante insiste. García Montero parece más interesado en que dimita Sebastián Pérez, e incluso sea expulsado del PP, por tramposo.
Aunque se habla poco de ella, la Junta sigue, erre que erre, con su obsesión por la Memoria Histórica. Por una parte, late la cuestión de la tumba del general Queipo de Llano en la basílica de la Macarena que merece comentario aparte por la cuestión de la herencia familiar del militar y por otra, con las elecciones a tiro de piedra, se activan las subvenciones para impulsar la actividad memorialista durante 2018. Se subvencionarán proyectos de investigación, estudio y divulgación en materia de memoria democrática y la aprobación de tres nuevos lugares relevantes en Puerto Real y Baena.
Susana Díaz activa otro frente que indica, a las claras, cómo de cerca están las elecciones. Se trata de la enseñanza religiosa en las aulas públicas y privadas. La Junta quiere reducir por ley el horario de la asignatura de Religión en la etapa de Primaria a 45 minutos a la semana. Hasta ahora, las escuelas decidían libremente el horario dentro de una franja de 45 a 90 minutos semanales.
De hecho, cuenta El Diario que en el último curso académico, el 35% de los centros de Educación Primaria de Andalucía ofertaba una hora y media de Religión semanal; el 60% impartía 60 minutos semanales y el 5% mantenía un módulo de 45 minutos. Pues a partir de ahora, se impone a todos 45 minutos como máximo.
Que la Junta no está muy conforme con la política de inmigración impuesta por Pedro Sánchez está claro desde el asunto del Aquarius, en el que se privilegió por razones de propaganda política a unos centenares de inmigrantes mientras se ignoraba a los miles que cada año, especialmente este año, llegan a Andalucía sin apoyo especial.
Ahora mete el dedo en el ojo del gobierno de Sánchez con el asunto de los menores extranjeros inmigrantes que llegan a Andalucía sin acompañamiento familiar alguno. Si en 2015 fueron casi 900 los menores acogidos en Andalucía este año se han superado ya los 4.000. Susana Díaz quiere poder devolver algunos de ellos a su país aludiendo a que vienen manipulados por las mafias y que cuando llegan, manifiestan querer volver con su familia, algo que no admiten algunas ONG.
El gobierno no ha atendido la petición de la Junta de redistribuir solidariamente entre las todas las Comunidades. Hasta ahora, Andalucía se queda con un tercio de los menores que llegan de tal modo a España y eso implica aumentar el dinero público destinado a este menester. Ahora, Susana Díaz presentará un informe sobre el impacto que supone la acogida masiva de menores inmigrantes para sus servicios públicos en la Comisión Sectorial de Inmigración de mañana y exige al Gobierno de Pedro Sánchez que haga "una reforma legislativa o un pacto de Estado".
Por último, la confusión del crecimiento del paro se une a esta ceremonia desconcertante. No hay manera de que Andalucía se aleje de los 800.000 parados y de una tasa de paro del 24 por ciento. En el mes de agosto, Andalucía ha sido la segunda comunidad en la que más ha crecido el paro tras Cataluña. Según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el paro ha crecido en las 17 comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza (11.594) seguida por Andalucía (8.284 parados más).
El fantasma de una desaceleración económica se cierne sobre el conjunto de España y ya es conocido que cuando España se resfría, Andalucía coge una pulmonía. Y todo ello, a las puertas de unas elecciones autonómicas.