Ha sido cuestión de unos minutos. Un acto administrativo en el que el abogado que representa los intereses de España y del juez Llarena ha solicitado un aplazamiento "para defender la inmunidad de su jurisdicción". El Tribunal, que ha amanecido con lazos amarillos a su alrededor, ha elegido el 25 de septiembre para la audiencia.
Hakim Boularbah ha reclamado que sean tres magistrados los que analicen este "caso excepcional": "Hoy era una audiencia procedimental. Se había instalado la idea de que hoy iba a haber una decisión sobre el fondo del tema. Eso no es así y no va a ser así en mucho tiempo", ha adelantado. El abogado de Llarena dispondrá de este tiempo para justificar la personación de España en la causa.
La defensa de la jurisdicción española y el juez Pablo Llarena está en manos de un bufete de abogados belga. No cualquiera, el Liederke –y, en concreto, el letrado Hakim Boularbah– es uno de los más prestigiosos de Europa para litigios civiles de ámbito transnacional. El Gobierno de Pedro Sánchez ha confiado en ellos y casi en exclusiva, aunque cuentan con la orientación de la Abogacía General, la representación del Estado ante la demanda presentada por Carles Puigdemont y sus exconsejeros catalanes fugados.
Llarena estaba citado este martes en un Juzgado francófono de Bruselas. Ha acudido en su lugar Boularbah con un arsenal jurídico en el maletín que gira alrededor de una cuestión: si Bélgica es competente o no lo es para poner en entredicho la jurisdicción española. Según fuentes jurídicas, el letrado –que cobrará un máximo de medio millón– se ha opuesto a la admisión a trámite de la demanda. Y lo ha hecho por la inmunidad de nuestra Justicia.
Boularbah sostiene que Puigdemont ha auspiciado un proceso entre dos estados que se dirige contra los intereses de España y afecta directamente a la actividad de un representante del Poder Judicial.
Las mismas fuentes no descartan que la defensa contratada por el Gobierno emplee también la manipulación de las palabras de Llarena en la demanda. Los abogados de Puigdemont incluyeron una mala traducción de un discurso del magistrado ante los medios en el que habría acusado a los procesados de los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Nada más lejos, utilizó un condicional diciendo, en realidad, "si es que los hubieran cometido".
Aunque los abogados de Puigdemont insistan en que este "error" no cambia nada, lo cierto es que afecta al fondo de la cuestión y podría desembocar en un archivo de plano de la demanda. Porque, además, el resto del escrito, en vez de a esa supuesta vulneración del derecho al honor y la presunción de inocencia, hace referencia a cuestiones generales tan manidas como que España es un país antidemocrático que persigue la idea de la independencia de Cataluña. Para el separatismo, en una huida hacia adelante, la mera admisión a trámite sería interpretada como una victoria.
El Consejo General del Poder Judicial ha contratado un seguro para cubrir unas eventuales costas impuestas a Llarena. En esta iniciativa han contado con el visto bueno de la Abogacía del Estado, para que el magistrado del Supremo no responda con su patrimonio en ningún caso. Sin embargo, la esperanza es que por la mala traducción y la debilidad de los argumentos de la demanda, recaiga sobre Puigdemont, Serret, Comin, Ponsatí y Puig.
La aspiración de los separatistas fugados es que la Justicia belga condene a Llarena a una indemnización simbólica de un euro por su supuesta falta de imparcialidad.
Boye pidiendo amparo
Sobre Gonzalo Boye pesa una condena por colaboración con la banda ETA en el secuestro de Emiliano Revilla. Ejerce ahora como uno de los abogados de Puigdemont y los separatistas y ha recibido críticas por ello. En respuesta, ha solicitado amparo al Colegio de Abogados de Madrid ante las "calumnias, injurias y amenazas en el ejercicio de su derecha de defensa".
El mismo día de ese anuncio, el ICAM ha emitido un comunicado en defensa del juez Llarena, a quien Boye demandó en el origen de esta historia. Este Colegio se posiciona del lado de "la integridad de los jueces españoles, la independencia del Poder Judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que bajo ninguna circunstancia puede ni debe ser fiscalizada por los tribunales de un tercer Estado. Su director tiene "el pleno convencimiento de que Pablo Llarena es un magistrado, además de inamovible y responsable, independiente, estando por ello sometido únicamente al imperio de la ley".