En septiembre, vuelve el juicio de los ERE con lista de beneficiarios socialistas y el caos de los cursos de formación

Sólo le ha durado a Susana Díaz un mes la sensación de que los ERE y los cursos de formación habían desaparecido. Pero este lunes ya puede comprobar cómo sólo ha sido un espejismo político y mediático. Recomienza el juicio de los ERE para la finalización de la fase testifical y adentrarse en el momento pericial. Pero se ha enriquecido la visión general con la publicación de una lista de beneficiarios socialistas del fraude para quienes propagan que en el caso nadie se llevó un euro.

Por otra parte, el caso, torpedeado y cuarteado, del fraude de los cursos de formación vuelve a la actualidad pero por activa, no por pasiva. Se trata de que la Junta de Andalucía, en agosto, se pone a solicitar documentación a aspirantes para asistir a cursos ¡siete años después! La pasividad durante siete años ha dado origen a una hiperactividad que pretende no perder el dinero que otras administraciones dieron a la Junta para la formación y que no se justificó en fecha y hora debido al escándalo que paralizó los cursos.

A partir de este martes, vuelve el juicio de los ERE con la declaración de los once testigos que quedan por desfilar ante el tribunal de la Audiencia de Sevilla. Tras su testimonio, se espera que como máximo a mediados de septiembre, comience la esperada fase pericial y ver qué ocurre con el informe de la Intervención General del Estado que señaló el camino de la prisión a muchos de los procesados. Será una fase técnica y compleja a la que sucederá la exposición de las partes, que se espera prolija dada el número de procesados.

Finalmente, el tribunal tendría que redactar una sentencia que no se espera para antes de diciembre o enero, como muy pronto. Esto es, los efectos del veredicto serán notables en las próximas elecciones andaluzas de 2019, si es que no se anticipan. Igualmente, serían notables en el caso de una convocatoria nacional de elecciones generales.

Los socialistas y los ERE

Pase lo que pase en el juicio, lo que no puede negarse es la estrecha relación entre lo que ha ocurrido en los ERE y el PSOE. No sólo en cuanto a la responsabilidad penal y política de los 22 procesados entre ellos, dos ex presidentes de la Junta y numerosos consejeros y viceconsejeros, sino por quiénes se han beneficiado.

ABC ha confeccionado una lista de beneficiarios socialistas de la trama de los ERE para dejarlo más claro. Tras examinar el sumario el diario concluye que "hay al menos 8 clanes que se traducen, entre prejubilados sin derecho y receptores directos de subvenciones, en 18 parientes, 85 militantes socialistas y 17 amigos declarados de los políticos. En total, 120 personas o empresas del entorno del Gobierno y 127 millones de euros en sus cuentas corrientes, aparte de las comisiones pagadas a las mediadoras y conseguidores, que duplican la cifra".

Para recordar uno de los casos más famosos, el de la Sierra Norte, subrayemos que en ella, con municipios fundamentales para el triunfo electoral del PSOE en la provincia desde 1979, se distribuyeron 56 millones de euros cuando menos. Sólo a tres pueblos, El Pedroso, Cazalla de la Sierra y Guadalcanal, llegaron más de 40 algunos de ellos vía familias socialistas, como los Rosendo. Tampoco cabe olvidar que el acusado más destacado por todos, Francisco Javier Guerrero, fue alcalde de El Pedroso y que el exconsejero Viera tenía casa en él.

Se recuerda con estos ejemplos que el caso de los ERE no es únicamente un caso de mala gestión política del dinero público, que lo es, sino que extiende su responsabilidad a un modo irregular y arbitrario de distribución del dinero público destinado a empresas y trabajadores en crisis con beneficio demostrado de destacados socialistas.

El fraude de la formación, la Junta y el PSOE

Tras la atomización del sumario matriz impulsado por la juez y tras la desactivación de su pieza política –que era similar a la que se juzga en el caso de los ERE–, se ha pretendido reducir el caso del fraude de los cursos de la formación a una mera sucesión de irregularidades administrativas. Incluso en la UGT, escándalo sobre el que se ha echado un tenebroso velo.

Ha sido la Junta la que ha recordado que el fraude de la formación también existe el activar una serie de expedientes de hace siete años en pleno mes de agosto. El Mundo ha contado que en la provincia de Cádiz dos funcionarios se han esforzado en pleno agosto por requerir envío de documentación a personas que hace años, hasta siete, pidieron ayudas vinculadas al Empleo, para que la presenten, y la justifiquen, para poder endosarlas.

¿Por qué? Porque la Junta no ha concedido ayudas desde hace años, tras el estallido del escándalo, pero continuó recibiendo para ese fin del Gobierno y de la Unión Europea (UE). Los expedientes judicialmente sobreseídos se han activado para que la Junta pueda justificar el dinero que recibió de otras instancias.

Pero este quehacer de justificar cursos de formación conlleva sorpresas. Una de ellas fue la que dejó estupefacto al ciudadano Javier Rojas, al que la Junta da de plazo diez días para que presente la documentación que justifique la concesión de una ayuda solicitada para poder acudir a un curso de Formación Profesional Ocupacional, que se impartió en Chiclana de la Frontera… ¡hace siete años!

Con fecha 16 de agosto se le solicitaba desde la Junta "el certificado de empadronamiento con la antigüedad donde conste que estaba empadronada en el municipio indicado en la solicitud". Sellada con fecha de salida el 16 de agosto y rubricada por la jefa de servicio de Formación Profesional para el Empleo llega ahora, tras haber perdido su casa y recogido chatarra por no haber recibido ayudas que solicitó.

De otra parte, y al igual que en el caso ERE, la tesis de que todo lo ocurrido son meras irregularidades administrativas o una manipulación del PP, sigue chocando con el muro de los hechos. Aunque la juez Núñez Bolaños, la sucesora de Mercedes Alaya en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, consideró que no hay indicio alguno de que hubiera una red organizada para eludir los controles en el reparto y justificación de los fondos, en su auto recoge el hecho de que entre "entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas" se han encontrado "39 empresas que tienen alguna vinculación con el PSOE". Entre ellas, las de Ángel Ojeda, exconsejero de la Junta que logró 52 millones de euros que tiene causa aparte abierta.

Por si fuera poco y para no alargarnos en recordar lo ya publicado, hay que decir que el caso de la formación tiene una vertiente que no depende de la juez Núñez Bolaños. Por otro lado, el juzgado de Núñez Bolaños no es el único que investiga el fraude de la formación. Alrededor de veinte jueces investigan casi cincuenta causas por este motivo en seis provincias andaluzas. Y es la propia Junta la que admite que hay casi 150 millones de euros que deben ser devueltos por los beneficiarios por no haber justificado el uso del dinero que se les concedió. O sea, que nada de meras informalidades administrativas.