La traductora también desmiente a los abogados de Carles Puigdemont. El condenado a 14 años de cárcel por colaboración con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, Gonzalo Boye, adelantó el martes que pediría explicaciones a la mencionada mujer por un "error" accidental en el paso de la demanda de español a francés. Ella apunta exactamente en la dirección contraria, tanto que atribuye la redacción a los letrados del expresidente catalán.
Un profesor de francés hispanohablante alertó del falseamiento en las redes sociales. Un "error" en la traducción de unas declaraciones del magistrado; ante los medios del pasado febrero que motivan la demanda de Puigdemont contra el instructor de la causa relativa al proceso separatista.
Según Puigdemont, el juez vulneró su derecho a la presunción de inocencia cuando se refirió a los procesados por rebelión y malversación. Recoge la demanda las siguientes palabras de Llarena: "Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos –como en efecto sucedió–, pues tienen que ser investigados".
Es en el "como en efecto sucedió", "et oui c'est ce qui s'est produit" en la demanda, donde está la trampa. Llarena dijo exactamente lo contrario, como acreditan los vídeos de su respuesta: "(…) con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados". La extraña evolución de un condicional a una afirmación para seguir atacando al magistrado.
El Español avanzó que la demanda fue escrita originalmente en francés por los abogados de Puigdemont y la traductora intervino después para convertirla al español. Esta segunda versión, ya en castellano, sí respeta la literalidad de las palabras de Llarena. La mujer ha dado su versión al medio: "Yo no cometí ningún error. No alteré las palabras de Llarena ni ningunas. No he traducido ningún texto del español al francés. Hay un error, no tengo nada que ver con la traducción de la polémica, con esa frase polémica".
Futuro de la causa
La vulneración de la presunción de inocencia suscitada por esa oración se desvanece. "Los magistrados deberían tener la boca cerrada cuando hablan públicamente de causas que están instruyendo", sostuvo este lunes Carles Puigdemont en Waterloo, olvidando que, en esa misma intervención, el juez del Supremo comenzó diciendo que no hablaría del procedimiento en curso.
El resto de la denuncia interpuesta ante un Juzgado de Bruselas se refiere a la situación en España desde el prisma separatista: cómo "los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia" sufren "violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales" y otras acusaciones genéricas infundadas y, evidentemente, inimputables al juez. Ni rastro de otros hechos que trasgredan su derecho al honor.
El abogado catalán de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, emprendió una huida hacia adelante y aunque la denuncia no prospere se apuntará una victoria: "Todo el Estado ha cerrado filas en torno al magistrado. Y, por tanto, no tenemos muchas esperanzas al respecto… Queremos ganar la demanda pero sabemos que es difícil. En cualquier caso, ganarla o no es secundario".
Llarena está citado el 4 de septiembre ante el Juzgado belga. Fuentes del TS consultadas por Libertad Digital confirman que no acudirá a Bruselas, más si cabe después de que el juez decano de Madrid rechazara el exhorto. Será la Abogacía del Estado y el despacho privado contratado por el Gobierno los que defiendan la integridad jurisdiccional española y al juez del alto tribunal.