VOX se querella contra el juez belga que citó a Llarena por la demanda de Puigdemont

VOX ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional una querella contra el magistrado del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas -cuya filiación se desconoce en este momento- que citó el 4 de septiembre a Pablo Llarena por la demanda civil interpuesta en dicho Tribunal por Meritxel Serret, Antoni Comín, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

La querella de VOX atribuye al juez belga la comisión de presuntos delitos de rebelión (del artículo 472 del Código Penal), o alternativamente de sedición (de los artículos 544 y 545 del Código Penal) y contra la paz e independencia del Estado español (del artículo 589 del Código Penal).

Tal y como se explica en la querella, esta ha sido presentada ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional por ser el competente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.3, apartados a) y c), en relación con el artículo 65.1.e) y artículo 88, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al relatarse hechos presuntamente constitutivos de los delitos contra la paz e independencia del Estado español cometidos desde el territorio nacional belga, de los que sería responsable el juez querellado como autor, y de los delitos de rebelión, o en su caso, sedición, de los que sería responsable como cómplice.

Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de VOX, ha afirmado, tras presentar la querella, que: "ante la inacción del Gobierno de España en la defensa de nuestra soberanía judicial, VOX cumple una vez más su compromiso con los españoles al interponer esta querella contra el tribunal belga".

Añade que "técnicamente, la citación al demandado para que comparezca a declarar con abogado al juzgado es una admisión a trámite. Otra cosa distinta es que el día 4 sea la primera vez que el juez tome una decisión relacionada sobre el fondo de la demanda y su viabilidad futura. En todo caso la complicidad con la continuación delictiva de los golpistas es evidente, si no la habrían inadmitido de plano, como ocurriría en España si cualquiera interpone la misma demanda pero al revés".