El Gobierno quiere rescatar la jurisdicción universal. Y para ello, Justicia creará una Comisión encargada del estudio de medidas para "la recuperación de la Justicia Universal". Un proyecto que contribuiría, dice, a "evitar indeseables espacios de impunidad" con la recuperación de "un instrumento imprescindible en la persecución de crímenes transfronterizos y nucleares de la delincuencia organizada internacional y, sobre todo, eficaz herramienta en la defensa de las víctimas de crímenes contra la Humanidad".
En líneas generales, la idea pasa por un regreso a la redacción del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial previa a la reforma de 2009 que emprendió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy endureció la restricción de la jurisdicción universal. Antes de la reforma, los jueces españoles eran competentes "para conocer los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional" que estuviesen tipificados como delitos de derecho internacional (genocidio, terrorismo, piratería, etc.) según nuestro Código Penal. El objetivo de fondo consiste en que España pueda juzgar crímenes cometidos en otros países si sus tribunales no actúan.
En todo este proyecto, se adivina la sombra de Baltasar Garzón, juez inhabilitado por la práctica de escuchas a los investigados y sus abogados en la cárcel. En primer lugar, porque está íntimamente relacionado con la actual ministra de Justicia. En segundo lugar, por la composición de la propia comisión. Está integrada por la propia ministra como presidenta, además del secretario de Estado de Justicia en calidad de vicepresidente y por los siguientes miembros:
- José Ricardo de Prada: magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde 1990. Es conocido como autor de la sentencia por la Época Primera del Caso Gürtel en la que condenó al PP como responsable civil a título lucrativo de la trama y, pese a que el asunto no pertenecía al objeto del procedimiento, declaró probada la existencia de una Caja B con fondos de origen ilícito. Se alinea en un perfil progresista. Ha sido criticado por parte de las víctimas de ETA, por ejemplo, por denunciar las torturas sufridas por terroristas. Pablo Crespo pidió su recusación por la amistad que mantiene con el primer instructor del caso, el exjuez Garzón. Justificó el "chivatazo" que alertó en 2006 a ETA de la operación contra su red de extorsión en el bar Faisán de Irún como parte "de un proceso de negociación política".
- Manuel Ollé: profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense y miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Entre otros cometidos, ejerció como abogado defensor de Julen Goikoetxea, uno de los jóvenes condenados por la agresión a dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas en un bar de la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016. La Fiscalía pedía para él 50 años de prisión, también por terrorismo, y Ollé, en el juicio, sostuvo que el Ministerio Público tomaba "decisiones que sombrean el Estado totalitario", en referencia al informe de acusación.
- Hernán Hormazábal Malarée, catedrático de Derecho Penal y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH). Este jurista chileno es conocido como desarrollador de los conceptos del teórico marxista Antonio Gramsci como "hegemonía", "bloque histórico" e "intelectual orgánico".
- Manuel Miguel Vergara: profesor de Derecho Penal en el Instituto de Empresa, asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR) y colaborador del Tribunal Penal Internacional.
Teóricos marxistas, defensores de los jóvenes de Alsasua, amigos de Garzón y, también, miembros de su "Fundación Internacional". Es el último nexo. Da la causalidad de que el exmagistrado dirige un colectivo que, curiosamente, comparte de forma íntegra el objeto de esta Comisión de Justicia Universal.
Se trata de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. FIBGAR, como se autodenomina en su web, "se sustenta sobre los pilares de la solidaridad, el respeto, la promoción de los derechos humanos, la cooperación al desarrollo de los pueblos, la mediación y la lucha contra la impunidad". Según esta página, desarrolla programas de investigación, de formación y de prácticas sociales en el área de los Derechos Humanos, el encargo concreto de la Comisión.
Delgado ha explicado que el nombramiento de esta comisión de expertos responde a la pretensión del nuevo Gobierno de "dar entrada y participación a la sociedad civil en determinadas iniciativas". Añadía la ministra: "Nos gustaría que se crease un tribunal internacional para juzgar crímenes contra la madre tierra", acuñando un término, el de ecocidio, introducido, por cierto por la abogada británica y activista internacional, Polly Higgins en línea con… los objetivos del FIBGAR.