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Sánchez consuma la rectificación: la defensa de Llarena "no es una cuestión privada sino una cuestión de Estado"

En contra del criterio fijado por el propio Gobierno, asegura ahora que "no es una cuestión de nombres y apellidos sino de soberanía jurisdiccional".

Pedro Sánchez y el presidente de Chile, Sebastián Piñera. | EFE

"El Gobierno no rectifica, el Gobierno escucha". Con esta línea argumental fuentes de Moncloa han intentado en las últimas horas restar importancia al giro de 180 grados dado por el Ejecutivo español en torno a la defensa del juez Pablo Llarena ante la demanda presentada por Carles Puigdemont. Tras haber afirmado inicialmente que no lo harían "en ningún caso" y rectificar posteriormente en un comunicado en el que prometían hacerlo "hasta sus últimas consecuencias", desde el gabinete del presidente intentaban negar la evidencia de una rectificación que asumía en primera persona desde Chile el presidente del Gobierno.

"La defensa de nuestro sistema judicial no es una cuestión privada, es una cuestión de Estado y por lo tanto el Gobierno escucha", dijo Pedro Sánchez a preguntas de los periodistas en su comparecencia a última hora del lunes con el presidente chileno, Sebastián Piñera. "No es una de defender a un juez con uno u otro nombres y apellidos sino de defender la soberania jurisdiccional cuando ésta se ve puesta en cuestión".

Una más que evidente rectificación que sin embargo negaba el presidente Sánchez al afirmar que "el Gobierno tuvo claro desde el primer minuto que ésta no es una cuestión privada sino una cuestión de Estado y el Estado va a actuar en defensa de sus intereses y su soberanía jurisdiccional". Afirmación absolutamente contratria a la defendida en un primer momento por el Gobierno en un primer comunicado.

En el turno de preguntas, Sánchez también respondió ante la iniciativa de la Fiscalía de investigar a los Mossos de Esquadra que actúan contra aquellos que retiran lazos amarillos. Iniciativa que respaldó aunque enmarcó en la independencia de una institución que "es autónoma" y que está "obligada" a actuar en este sentido.

El presidente quiso aprovechar también para realizar un anuncio en aras de la distensión del independentismo: "este Gobierno ha planteado proximidad y ha abierto sus puertas y lo que va a hacer en los próximos meses es sacar el Consejo de Ministros de Madrid" con la celebración de dos Consejos de Ministros fuera de Madrid: uno en Andalucía y otro en Cataluña, Barcelona "antes de final de año".

"El Gobierno escucha"

La negativa a reconocer el radical giro del Gobierno sí fue reconocido en privado por algunas fuentes del gabinete del presidente que en conversación con Libertad Digital sí asumieron que ha habido un cambio de posición fruto de que el Gobierno "escucha las posiciones" que se han ido vertiendo en las últimas horas, especialmente las vertidas por las asociaciones de jueces y fiscales, especialmente la asociación a la que pertence la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que han elevado la presión sobre el Ejecutivo.

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