Pablo Llarena sufre desde hace meses el acoso del separatismo catalán. En concreto, desde que asumió la investigación de la causa contra los políticos responsables del proceso hacia la independencia en el Tribunal Supremo. El hostigamiento social alcanzó su máxima expresión cuando el 29 de julio salió escoltado de un restaurante en Gerona ante las amenazas de un grupo de los autodenominados CDR (Comités de Defensa de la República). No fue más que un traslado a la calle de la campaña de descrédito desplegada en los Tribunales con los procesados por rebelión y malversación a la cabeza.
Han presentado contra el magistrado un sinfín de incidentes de recusación ante el Alto Tribunal. Ninguno ha fructificado, confirmando la idoneidad de Llarena para la instrucción de la causa. A las continuas declaraciones de los presuntos contra el juez, se sumó una demanda civil que presentaron Carles Puigdemont y sus exconsejeros fugados en Bélgica. Un Juzgado de Bruselas admitió el escrito en el que los promotores litigaban por la vulneración de sus derechos fundamentales a un juez imparcial y a la presunción de inocencia.
Llarena solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de autogobierno de los jueces y magistrados, porque consideraba vulnerada su imparcialidad y atacada su inviolabilidad. Subrayando su escaso margen de maniobra, el CGPJ instó al Gobierno de Pedro Sánchez que protegiera al instructor. Inmediatamente después se produjo la primera reacción.
Primer comunicado de Justicia
El Ministerio de Justicia confirmó el pasado jueves en un comunicado que "el Estado español" se personaría ante la Justicia belga "en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles". Añadía que "el proceso penal conocido como ‘el procès’, instruido por Llarena, está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española. Por ese motivo, si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuaría en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España".
Pero el comunicado incluía matices que limitaban la defensa de Llarena: "La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función". El comunicado, pues, dejaba claro que el Gobierno ponía condiciones a la defensa de Llarena. No se tuvo en cuenta un informe de la Abogacía del Estado acreditando que las declaraciones del juez a las que aludía la demanda "no son ajenas al legítimo desempeño de su función como magistrado del Tribunal Supremo".
Las explicaciones de Calvo
Un día después, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se refirió al asunto, reiterando que Moncloa dejaba solo al juez: "Cualquier juez o jueza de nuestro país tiene que recibir el amparo legal y el apoyo establecido en el ámbito de su propio poder, en este caso, el Judicial. Al poder Ejecutivo no le corresponde esa función". Añadió que lo que sí le corresponderá al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y cuando la demanda sea admitida, es "defender la soberanía jurisdiccional de España". "Eso sí le corresponde al Gobierno de España y eso sí lo va a hacer el Gobierno de España a través del Ministerio de Justicia", ha reiterado Calvo.
El departamento que dirige Dolores Delgado confirmó, por su parte, la personación de la Abogacía del Estado en la causa abierta en Bélgica y adelantó, que si los acontecimientos lo recomendaban, "Justicia contratará un bufete privado que defienda su soberanía e inmunidad jurisdiccional". Ese movimiento judicial "es necesario al ser el paso previo imprescindible para poder ejercer las acciones pertinentes, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya".
Presión de los jueces, reacción de Delgado
Todas las asociaciones de jueces y fiscales saltaron contra la tibieza del comunicado de Justicia. Todas salvo Jueces para la Democracia. Incluso la Unión de Fiscales Progresistas a la que pertenece Dolores Delgado exigió una rectificación que supusiera la defensa total de Llarena. Algún colectivo planteó la posibilidad de organizar un crowdfunding que financiara la representación del magistrado en Bélgica.
Ante la presión, Justicia reconoce ahora que estudian "las acciones oportunas" frente a la demanda civil, en toda su extensión. En cualquier caso, la ministra Delgado ha negado un cambio de posición en el Gobierno. Insiste en que defenderán a Llarena "hasta las últimas consecuencias".
En una entrevista en RNE, añade que "no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado -que se personará en la causa-, el Gobierno y la ministra de Justicia". "Lo puedo garantizar", pese a "determinadas informaciones", no sabe "si interesadas o intoxicadas", publicadas en medios de comunicación.
"No existe un solo informe oficial, sí hay documentos de trabajo en los que hemos planteado muchas alternativas porque somos responsables y tenemos que pensar todas las consecuencias técnico jurídidas de lo que hacemos", ha detallado. Eran, según ha dicho, "borradores" internos.