El Gobierno decidirá dónde se entierra a Franco si no hay acuerdo con la familia

El Gobierno pretende celebrar el cuarenta aniversario de la Constitución, que se conmemora el próximo seis de diciembre, sin la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. Así lo dejaba entrever la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, que de manera excepcional comparecía este viernes en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros después de las vacaciones, en el que se aprobaba el decreto para la exhumación de los restos del dictador, que estará completado, aseguraba, "antes de fin de año".

En todo momento Calvo reiteraba un argumentario que trataba de justificar la "urgencia" de proceder al desenterramiento de Franco, más de cuarenta años después de su muerte. "Llegamos tarde, todos" remarcaba cuando un periodista le interrogaba sobre por qué los gobiernos socialistas de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero (del que ella misma formó parte) no acometieron el traslado de Franco para que no estuviera en una tumba "de Estado", como afirmaba una y otra vez la número dos de Pedro Sánchez.

Durante toda su comparecencia, Calvo aludía a la Proposición no de Ley (PNL) que en 2017 aprobó el Congreso "sin ningún voto en contra" para proceder a esa exhumación y también a la de José Antonio Primo de Rivera, que queda fuera del decreto, aunque en el caso del fundador de Falange se trata simplemente de reubicarlo en un lugar no preeminente del Valle. "Vamos a lo urgente, que es exhumar a Franco" afirmaba Calvo, quien remarcaba la condición de "víctima" de la Guerra Civil de Primo de Rivera.

Un plazo de dos semanas para la familia

El próximo viernes, último día de agosto, el Gobierno dará luz verde a un acuerdo de incoación que ofrece un plazo de quince días a los interesados, la familia Franco, para que se puedan personar en el procedimiento y realizar las alegaciones que consideran oportunas. Si en ese plazo la familia no indica un lugar para el traslado de los restos, será el propio Gobierno el que lo decida. Clavo negaba cualquier contacto con los familiares, pero aseguraba tener "constancia" de su postura a través de la Abadía que gestiona el Valle.

Fuentes del Ejecutivo apuntan a una posibilidad, la discrepancia entre los familiares sobre qué hacer con los restos de su antepasado. La única hija del dictador, Carmen Franco Polo, falleció el pasado diciembre.

Calvo aseguraba que el proceso se hará "con todas las garantías". Las mismas fuentes gubernamentales confirmaban, como adelantó el jueves la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, que el proceso se hará "sin avisar". Se trata, argumentan, de "no convertir este proceso en un espectáculo". Preguntada sobre si, a partir de ahora, el Gobierno se tomará con tanta seriedad y urgencia las PNL que salgan del Congreso, la vicepresidenta admitía que en eso entra en juego la prioridad que a cada una quiera darle el Ejecutivo, porque si no, argumentaba, "gobernaría el Parlamento".

Un nuevo apartado en la Ley de Memoria Histórica

El decreto introduce un apartado, el tercero, en el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que excluye expresamente la tumba de Franco del lugar: "En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda".

Calvo se remitió a los acuerdos con la Iglesia Católica y con el Vaticano, ya que, según dijo, ofrecen "instrumentos" con los que "proceder en términos de estricta legalidad para el objetivo final de este decreto" aseveró.

Los trámites para la exhumación de Franco serán competencia del ministerio de Justicia, que tendrá que ponerse en contacto con las dos administraciones contenidas, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.