El Gobierno deja solo al juez Pablo Llarena frente a la demanda presentada por Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros en Bélgica. Tras la petición de amparo del instructor del 1-O al CGPJ, y el comunicado de éste dirigiéndose al Ejecutivo, el Ministerio de Justicia ha emitido un comunicado en el que informa de que sólo recurrirá a un bufete privado en Bélgica si se pone en cuestión la "competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española" en la causa del proceso separatista. Pero "en ningún caso" asumirá la defensa del magistrado del Tribunal Supremo español "por los actos privados que se le atribuyen".
El Gobierno se escuda para actuar así en que en la demanda, Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros se refieren a unas manifestaciones que Llarena habría realizado tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero. Según los ex miembros del Gobierno catalán, Llarena habría mostrado en sus comentarios una falta de imparcialidad que le inhabilita para investigarles. Por ello solicitan ser indemnizados por el magistrado con una cantidad simbólica de un euro.
El Estado español, continúa el comunicado, se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles "si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el ex presidente y cuatro ex consellers de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos".
Añade Justicia que la causa penal que se sustancia en el Tribunal Supremo por el proceso separatista en Cataluña está sometida "de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española". Por ese motivo, si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará "en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción".
La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que, dice, el Gobierno no puede actuar, "puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".
En lo que se refiere a la función jurisdiccional del magistrado, cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría, según explica el Ministerio, "una vulneración del principio acta iure imperii, en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país".
La petición de amparo de Llarena
Llarena pidió al Consejo del Poder Judicial que le amparase en relación con la demanda civil presentada el pasado mes de junio en dicho país por Puigdemont y los exconsejeros del Gobierno catalán Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig, que le acusan ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.
La demanda fue admitida y un juez citó al magistrado Llarena el próximo 4 de septiembre, si bien dicha citación no fue notificada por decisión del que fuera juez decano de Madrid, Antonio Viejo, actualmente secretario general de Justicia. Llarena no tiene por ello que acudir en dicha fecha a Bruselas.
Los exconsejeros y Puigdemont argumentan que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y añaden que acusarles de ser rebeldes según el Código Penal español ofende claramente su honor, su integridad política y moral y el fundamento mismo de su acción política.