Como líder de la oposición, el secretario general del PSOE se quejó en reiteradas ocasiones del "abuso" que el Ejecutivo de Mariano Rajoy hacía a su entender de este instrumento que faculta al Gobierno para aplicar leyes sin tener el aval previo de las Cortes. Ahora, como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez gobierna a golpe de decretazo sin despeinarse ni sonrojarse. El de Franco será el séptimo en apenas dos meses.
Los decretos ley, que la Constitución limita a casos de "extraordinaria y urgente necesidad", entran en vigor de manera inmediata una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado y el Congreso sólo se pronuncia a posteriori.
Para el dirigente socialista, abusar del uso de los decretos leyes para gobernar suponía "menospreciar" al Parlamento, puesto que se le hurta de su función de legislar. En noviembre de 2015, en una conferencia organizada por el diario El Mundo, Sánchez asumió el compromiso de "limitar" el uso de los decretos leyes a las "circunstancias indicadas para ello" cuando llegase al poder, tal y como ha difundido este miércoles la cuenta Maldita Hemeroteca.
El arranque del Gobierno de Sánchez supera ya en decretazos a los de Rajoy y Zapatero
Cuando Sánchez prometía "limitar el uso del decreto ley" porque Rajoy abusaba de él "menospreciando al parlamento"
👇🏾👇🏾👇🏾 pic.twitter.com/8dqesBUixX
— MALDITA HEMEROTECA (@Mhemeroteca) 22 de agosto de 2018
En Twitter también está circulando un mensaje del presidente de mayo de 2012 en el que lamentaba que se intentara cambiar un país "por decreto" y decía que era "mejor acordar" que "imponer".
Se cambia un país por Decreto? Sin el concurso de los actores que luego deben llevarlo a la practica? No es mejor acordar antes que imponer?
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 4, 2012
Si, tal y como está previsto, el Consejo de Ministros aprueba este viernes el real decreto ley que modificará la Ley de Memoria Histórica para amparar legalmente la exhumación de Franco, el Gobierno de Sánchez habrá incluso superado al último Ejecutivo de Rajoy en el número de decretos leyes aprobados en sus primeros meses en La Moncloa.
Y es que en su segunda legislatura, el Gobierno de Rajoy aprobó seis decretos leyes en sus primeros diez Consejos de Ministros, dos más que en el mismo periodo de su primera legislatura.
El socialista José Luis Rodríguez Zapatero tan sólo aprobó dos decretos leyes en el arranque de sus dos gobiernos, mientras que el 'popular' José María Aznar sí se situó en cifras similares a las del Gobierno de Pedro Sánchez (siete en su primera legislatura y seis en la segunda).
El primer real decreto ley aprobado por el Ejecutivo de Sánchez fue el relativo a la renovación del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE y de su presidente. El decretazo resultó un fiasco: el intento de renovar RTVE fue tumbado en el Congreso y ahora se sitúa al frente del ente público Rosa María Mateo como administradora única.
A éste le siguieron el que devuelve a los inmigrantes sin papeles el derecho a la atención sanitaria en las mismas condiciones que al resto de residentes en el país, el de creación de empleos públicos en atención a asilados y refugiados, otro para adaptar la ley española a la normativa europea en materia de protección de datos, un quinto para regular el Programa de Activación para el Empleo y un último de medidas urgentes para desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género, que ha generado multitud de críticas entre la judicatura.
En el caso del decreto sobre violencia de género, la asociación de jueces Francisco de Vitoria ha exigido su retirada al considerar que supone una reforma del Código Civil "irregular y sin precedentes". Entre otras medidas, permite que los menores reciban atención y asistencia psicológica sin permiso del padre cuando exista sentencia firme o hubiera una causa penal abierta por malos tratos o abusos.
Además, el decreto establece que se puede acreditar una situación de violencia de género mediante un informe de los servicios sociales, especializados o de acogida. Hasta ahora, sólo podía establecerlo una resolución judicial o un informe de la Fiscalía.
De todos estos decretos, el Congreso sólo ha recibido el relativo a RTVE, porque el resto se han aprobado fuera del periodo ordinario de sesiones y serán tramitados por la Mesa de la Cámara a primeros de septiembre. A partir de ese momento, el Congreso dispondrá de 30 días para su convalidación o derogación.