El Gobierno de Pedro Sánchez es sensible a las inquietudes de Quim Torra y sus consejeros. La Generalidad considera que quienes retiran propaganda separatista de los espacios públicos son "grupos organizados y armados" que "recorren el territorio catalán" sembrando el terror y exhibiendo amenazantes las tijeras y "cutters" con las que arrancan lazos y esteladas. El repunte en las actividades disidentes y la supuesta identificación de un miembro de la guardia civil en una partida de descontaminación nacionalista han disparado, más, las alarmas en la Generalidad.
Retener, identificar y amenazar con multas de hasta treinta mil euros a ciudadanos por limpiar las calles es una medida como mínimo controvertida. La organización Impulso Ciudadano ha puesto una denuncia por la identificación de catorce personas que retiraban material separatista en varias localidades del sur de Tarragona. La Guardia Civil ha iniciado una investigación porque los Mossos podrían haberse excedido aún más al filtrar la identidad de los retenidos a un dirigente de la CUP. La fiscal del Estado, María José Segarra, ha estado salomónica: ocupar de manera ilegal el espacio público no es delito; retirar la propaganda separatista, tampoco". Para Puigdemont, Torra, la ANC, Òmnium, la CUP y los CDR, tocar los plásticos amarillos es terrorismo.
Carta a Marlaska
El presidente de la Generalidad ha enviado una carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Le interpela por dos supuestos agresiones verbales de un policía nacional a dos diputados de ERC y una presunta agresión de un agente de paisano a un activista separatista. También por la "al parecer contrastada participación" de un agente de la Benemérita, según la misiva de Torra. El suplente de Puigdemont lleva días acusando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de formar parte de la disidencia y pide represalias al Estado. Las agresiones, amenazas y pintadas contra los partidos y políticos no nacionalistas son libertad de expresión. Retirar propaganda nacionalista, actos terroristas.
El abatido de Cornellá
La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, se muestra más que dispuesta a convocar una Junta de Seguridad por el caso de los lazos amarillos cuando dista de estar esclarecido el asalto de un individuo de confesión islámica a una comisaría de los Mossos en Cornellá (Barcelona).
Al tiempo, la Generalidad celebra el ingreso de su policía en el "Citco", Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de España. La dirección política de los Mossos está ansiosa por aportar todo el caudal informativo que ha recopilado sobre los peligrosos constitucionalistas que descuelgan esteladas y arrancan lazos amarillos.