El decreto para exhumar a Franco y hacerlo sin que un recurso judicial pueda paralizar el desenterramiento, que el Gobierno ultima para este viernes, en el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones, deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en los treinta días posteriores a su aprobación.
Ya en 2017 la cámara baja, con la abstención del PP (entonces en el Gobierno) dio luz verde a una Proposición no de Ley que instaba a sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, así como a reubicar, en un lugar menos preeminente, los de José Antonio Primo de Rivera.
El PSOE, ahora en el Ejecutivo, parece en principio tener los apoyos suficientes, pero por un lado ERC ya ha condicionado su apoyo a que se anule la sentencia a muerte de Lluís Companys, mientras que el PP anunciaba este mismo martes que revisará la legalidad del decreto porque, en declaraciones a Europa Press de su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, "vulnerar la Ley no es asumible por ninguna sociedad democrática o un Estado de derecho".
El líder del PP, Pablo Casado, en declaraciones a los medios este martes en Melilla, pedía "mirar al futuro" y no "reabrir viejas heridas" tras ser preguntado por el decreto que ultima el Ejecutivo socialista. Casado defendía la "ejemplaridad" de la transición española y abogaba por "pensar en lo que tiene que pasar en España en los próximos cuarenta años y no en lo que ocurrió hace cuarenta años". No obstante, dejaba claro su rechazo a la dictadura franquista, apelando incluso a su abuelo republicano: "Yo no voy a defender nunca ni ese edificio ni quien está enterrado dentro, por supuesto, además incluso por causas familiares, como nieto de represaliado por el régimen franquista".
Ciudadanos pide un "proyecto serio" para reformar el Valle
Ciudadanos, que votó en 2017 junto a la izquierda a favor de desenterrar a Francisco Franco del Valle de los Caídos, pide ahora consensuar una reforma del lugar. Albert Rivera siempre ha abogado, además, por que se haga con "consenso" y desde hace años es un ferviente defensor de la idea de transformar o resignificar el Valle, ubicado en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial, para convertirlo en algo semejante al cementerio de Arlington en Washington.
A Rivera le produjo una profunda impresión la visita a ese cementerio nacional durante un verano que pasó en la capital norteamericana, realizando un curso de comunicación política. Allí están enterrados los soldados caídos en diversas guerras, desde la de la Independencia americana hasta la de Irak en 2003.
El secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, criticaba este lunes el "enésimo anuncio de Pedro Sánchez de la exhumación de los restos de Franco" y aseguraba que es un "tema que importa muy poco a la mayoría de los españoles". Sin embargo, el número dos de Rivera se mostraba dispuesto a negociar con el presidente del Gobierno el futuro del Valle de los Caídos, ya sin la tumba del dictador: "Si el señor Sánchez, aparte de hacer anuncios para conseguir algún titular, tiene en mente un proyecto serio para que el Valle de los Caídos se transforme en un monumento a la concordia y a la unión de todos los españoles, estamos dispuestos a consensuarlo con él, mientras sólo quiera dar titulares en prensa poca aportación podemos hacerle".
ERC pone condiciones
Pese a lo que pudiera parecer, Pedro Sánchez no tiene amarrados todos los apoyos de la izquierda. Este mismo martes, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardá, anunciaba en Twitter que condiciona su apoyo a que el Ejecutivo se comprometa a anular la sentencia de muerte al presidente catalán Lluís Companys, fusilado durante la Guerra Civil.
Si gobierno @psoe @sanchezcastejon quiere apoyo @esquerra para exhumar Franco debe comprometerse en la anulación sentencia President Companys, símbolo d miles catalanes y españoles fusilados. Hacer lo q en 2004 dijeron q harían y luego negaron. Mantendremos nuestra coherencia.
— Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 21 de agosto de 2018
Se trata de una vieja reivindicación de los separatistas. En marzo de 2017, antes del regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE, dirigido entonces por una gestora, la Comisión Constitucional del Congreso rechazó esa anulación, con los votos de PP, Ciudadanos y los socialistas. Eran otros tiempos, y entonces el portavoz socialista en esa comisión, José Andrés Torres Mora, realizó una dura intervención contra Tardá, al que acusó de pedir perdón pero no estar "dispuesto a perdonar".