Un juez de Barcelona revienta la vía Sánchez y señala al vicepresidente de la Generalidad

Un juez de Barcelona ha reventado la estrategia socialista para apaciguar a los golpistas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo el viernes pasado que daba por cerrada la vía judicial para hacer frente al separatismo. Este miércoles, el titular del juzgado de instrucción número 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el caso del actual vicepresidente de la Generalidad, Pere Aragonès, que era y es el número dos del líder republicano preso Oriol Junqueras. Nuevo caso contra la república catalana a despecho del "deshielo" sanchista.

Ramírez Sunyer investiga el golpe de Estado separatista a raíz de unas declaraciones del exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal en las que el dirigente separatista aseguraba que la Generalidad lo tenía todo previsto para el día después de la declaración de independencia. además de poseer los datos íntimos y fiscales de todos los habitantes de Cataluña. Tirando del hilo, el juez Ramírez Sunyer fue quien firmó la orden judicial para registrar la consejería de Economía y detener a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, números tres y cuatro de Junqueras entonces y en la actualidad diputados del parlamento regional.

Ese día, 20 de septiembre del año pasado, el juez llamó al entonces jefe de los Mossos d'Esquadra, Trapero, para suplicarle que los agentes autonómicos rescataran a la comitiva judicial que permanecía asediada por una turba convocada por los Jordis, los presidentes de la "Assemblea Nacional Catalana" (ANC) y Òmnium. Trapero le colgó el teléfono con la excusa de que no reconocía el número y no estaba seguro de que quien estaba al otro lado de la línea fuera un juez. Después llamó a la centralita del juzgado para decirle que una intervención de los mozos podría resultar contraproducente.

El primer instructor del golpe de Estado

Ramírez Sunyer fue el primer juez interesado en el golpe de Estado y mantuvo varios apartados del caso una vez la Audiencia Nacional se hizo cargo del caso de los Jordis, Trapero y la intendente de los Mossos Teresa Laplana, responsable de la zona de la consejería de Economía, y el Supremo asumió los expedientes de los consejeros de la Generalidad.

El magistrado fue víctima de la "revolución de las sonrisas": las amenazas y los señalamientos. Tenía alquilado un apartamento en la Costa Brava desde hacía años, pero el propietario le rescindió el contrato nada más aparecer las típicas advertencias "soberanistas", unas pintadas aliñadas con el epíteto de "fascista" y el verbo morir. A pesar de la presión ha seguido adelante y ha señalado a Pere Aragonès, interlocutor privilegiado del Gobierno anterior y del presente.

Las comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil por orden del juez Ramírez Sunyer muestran de manera meridiana la organización del referéndum ilegal del 1-O. Jové y Salvadó reportaban con Elsa Artadi, "entonces directora general de asuntos interdepartamentales de la Generalidad" y ahora consejera de Presidencia y portavoz del ejecutivo golpista. Le contaban su versión de los preparativos del golpe y ella metía prisa. Curiosamente, el entonces número dos del departamento y ahora vicepresidente, Pere Aragonès, era un nombre que no aparecía en los documentos judiciales.

Artadi aún no está imputada

Aragonès, igual que Artadi, pasó de revisar la organización del referéndum a departir con el Gobierno los términos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Trabajó a plena satisfacción de la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, que tuvo elogiosas palabras sobre la lealtad institucional de él y de Artadi.

Mientras sobre su jefe y sus subordinados caía el peso de la justicia, Aragonès quedaba al margen para pasmo de propios y extraños y Junqueras le ungía su representante en la calle tras la huida de Marta Rovira. Hasta este miércoles. El juez Ramírez Sunyer insta al TSJC a ocuparse de su caso por su calidad de vicepresidente autonómico. También eleva a esa instancia los expedientes de los diputados Jové y Salvadó. Mantiene bajo su cargo las actuaciones relativas a una decena de cargos de confianza no aforados.

Aragonès había sido la correa de transmisión entre ERC y el Gobierno de Rajoy y mantenía el papel con el Ejecutivo de Sánchez, pero la decisión del titular del juzgado de instrucción número trece de Barcelona es plomo en las alas del valido de Junqueras. Artadi sigue al margen de la actuación de la justicia.