Adiós al buenismo de Sánchez: los inmigrantes del Open Arms no tendrán el mismo trato que los del Aquarius

La Red Española de Inmigración ha lamentado que al grupo de 87 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por la ONG Proactiva Open Arms y que llegan este jueves a un puerto de Cádiz no se les dé "los mismos permisos de acogida" que a los integrantes del Aquarius que desembarcaron en Valencia.

Según han explicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, "no va a haber ningún estatus especial" en la acogida de estas personas que desembarcarán este jueves en el puerto de Crinavis, en San Roque, y van a ser tratados "como cualquier otro inmigrante que llega a nuestras costas".

Algunas ONG, como la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) en Algeciras, han explicado a Efe que como la mayoría de los migrantes proceden de Sudán tienen muchas probabilidades de que se admita a trámite su solicitud de asilo y protección internacional.

Durante el tiempo que se tramita su expediente, un mínimo de seis meses, no podrán ser expulsados y serán derivados a unos recursos concretos en Sevilla, Madrid o Barcelona, ha señalado Andrés de la Peña, de APDH.

En un comunicado, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado expresa su preocupación "por el cambio de rumbo que ha manifestado el Gobierno y que parece plegarse a la voluntad del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska".

Además, lamenta que al no haber designado como puerto seguro Barcelona, "donde la ciudad se ha ofrecido a apoyar y acoger a las personas que puedan desembarcar, no se podrá garantizar a los rescatados en el Mediterráneo ningún espacio de acogida suficiente", así como medios y efectivos que se desplegaron en la acogida del Aquarius.

"Este cambio de postura ha coincidido con las declaraciones y manifestaciones del comisario europeo Dimitris Avramopoulos, que, aunque formalmente alabó la actitud española, señaló que esto debía acabar", indica la Red de Inmigración, que critica que Interior se haya "plegado" a la postura de la UE.

La Red pedirá a los grupos parlamentarios que, a través de una proposición no de ley, inste al Gobierno a elaborar, en colaboración con las organizaciones sociales, sociedad civil y organizaciones implicadas en la acogida "un protocolo de trabajo conjunto propio del país que amplíe el mandato europeo".