El director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, saltó a la palestra mediática el pasado 21 de marzo, cuando estalló el escándalo del polémico máster que él dirigía y que puso en la picota política a Cristina Cifuentes. El catedrático señalaba entonces que el expediente estaba "conforme a la legalidad" y que "nadie ha tenido un trato de preferencia" en el centro.
A partir de ahí, Álvarez Conde protagonizó ceses, acusaciones, retractaciones y denuncias. Ahora, la situación judicial del catedrático es, como poco, preocupante. Con motivo de la investigación del máster de Casado, algunos alumnos, como la imputada María Dolores Cancio, han reconocido que el propio director del Instituto les permitió "no ir a clase ni hacer trabajos". También se sabe que varios de los alumnos acordaron con la dirección cursar las asignaturas pendientes a través de trabajos, tal y como hizo el actual presidente del PP.
Nos remontamos a primeros de abril, cuando dijo que el rector de la URJC, Javier Ramos, le exigió que reconstruyera el acta: "Hay que reconstruir un documento, literalmente. Le hice caso por mi responsabilidad institucional e intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector por la tarde y al subdirector del gabinete de prensa por un gmail".
La respuesta del rector llegó horas después. Ramos negó estas acusaciones y explicó que no constaba el acta y no se podía confirmar que la entonces presidenta madrileña defendiera su trabajo de fin de máster: "Es rotundamente falso que se haya pretendido por mi parte interferir, modificar o manipular alguna de las actuaciones del proceso. (…) No voy a permitir que nadie ensucie mi nombre y el de esta universidad". El mismo Álvarez Conde, posteriormente, matizaba sus declaraciones, señalando que el acta que presentó no era una "reconstrucción", sino "un documento interno para el rector".
El 13 de abril, Ramos suspendió de sus funciones, como medida cautelar, a Álvarez Conde "por irregularidades graves" y por el "incumplimiento de la obligación de remitir memoria de actividades, gestión y cuentas" del Instituto que dirigía, pese a haberles sido requeridas. Al poco, el catedrático era imputado por un presunto delito de falsedad documental al admitir a trámite una querella de una catedrática de Derecho Constitucional que aparece en un acta de convalidación de asignaturas.
A mediados de junio, en el marco de la investigación del máster de la URJC, la jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, abrió una pieza separada para aclarar cómo obtuvo su título el actual presidente del PP, Pablo Casado. La providencia se enmarcaba en la investigación de los presuntos delitos de falsificación documental, prevaricación administrativa y cohecho impripio y, entre los llamados a declarar, estaba el exdirector del Instituto. Este lunes, la magistada ha elevado al Tribunal Supremo el caso, y considera que Álvarez Conde utilizaba este posgrado "como regalo o prebenda a determinados alumnos, que conseguían la titulación del máster sin mérito académico alguno".
20.000 euros a sus hijos desde el Instituto
A finales de julio, El Independiente publicó que Álvarez Conde transfirió al menos 19.750 euros a sus dos hijos desde la cuenta bancaria del Instituto de Derecho Público sin que conste en los apuntes bancarios el concepto de estos pagos. Un juzgado de Madrid investigará ésta y otras "graves irregularidades económicas" tras una denuncia por malversación de caudales públicos que el actual equipo rectoral ha presentado contra el polémico catedrático.