Polémico movimiento del Gobierno de Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros ha acordado este viernes la retirada del recurso contra la Ley de Víctimas de Abusos Policiales del Gobierno vasco, que el Gobierno de Rajoy había interpuesto ante el Tribunal Constitucional porque la misma reconocía la existencia de supuestas víctimas de abusos policiales sin necesidad de que haya habido sentencias condenatorias para las Fuerzas de Seguridad.
La decisión se ha tomado después de que los negociadores de Pedro Sánchez hayan pactado con los de Iñigo Urkullu, lehendakari vasco, unas modificaciones sobre los preceptos en los que había dudas de su constitucionalidad. Estas modificaciones no se han hecho públicas, por lo que todavía se desconoce si realmente el texto final cumple con las condiciones necesarias para que ya no se dude de su inconstitucionalidad.
Esta ley regional vasca, que intenta reparar económicamente con hasta 300.000 euros a aquellas personas que consideran que sufrieron una "vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999", fue aprobada en julio de 2016 en el Parlamento vasco con los votos a favor del PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP y UPyD.
Las administraciones central y vasca alcanzaron un pacto la pasada semana en la comisión técnica bilateral de cooperación por el que se promovían ciertas reformas, con el objetivo de que la norma tenga una finalidad reparadora para las víctimas de abusos policiales, sin que la comisión de valoración constituida para ello pueda investigar los casos y sustituir, de esta forma, la actuación de los órganos jurisdiccionales.
Precisamente, el Ejecutivo de Rajoy centró su recurso, sobre todo, en el hecho de que esta comisión pretendía sustituir a los tribunales de Justicia, algo que, con este acuerdo, se habría pretendido evitar. Precisamente, el Constitucional ha anulado los artículos esenciales de la ley navarra de abusos policiales, al entender que invaden competencias exclusivas del Poder Judicial, ya que tenía como objetivo indagar y esclarecer los casos.
Críticas a la decisión
La decisión del gabinete de Pedro Sánchez de retirar el recurso contra la Ley vasca de abusos policiales se ha producido entre llamamientos del Partido Popular y de Ciudadanos a mantener la impugnación en el Tribunal Constitucional. Los populares aseguraron que los nacionalistas "intentaban sortear el control de legalidad y atribuirse funciones que corresponden al poder judicial".
Además, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la creación de la comisión de valoración que contempla la Ley vasca.
Poco después de conocerse la decisión del Consejo de Ministros, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha manifestado su "total rechazo" a la retirada del recurso de inconstitucionalidad" porque no se ha producido "ninguna modificación que así lo justifique". "La ley vasca invade competencias exclusivas del Estado y ampara la vulneración de derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha dicho.